Resumen de la revisión de literatura científica desarrollada por el Frente de Rescate Agrícola sobre las amenazas y el fracaso de los cultivos transgénicos. Este trabajo fue desarrollado en respuesta a la solicitud de la Secretaria de Agricultura, la Dra. Myrna Comas, cuando exhortó a los “oponentes” de Monsanto a proveer evidencia sobre los impactos negativos de la compañía y sus productos
Foto Ernesto Amador
Por Ian Pagán Roig
Muy lejos del cumplimiento de uno de los grandes mitos de la industria de los transgénicos en la que sus proponentes prometían que los cultivos genéticamente modificados reducirían la aplicación de plaguicidas y promoverían la sustentabilidad en la agricultura; la presencia de las compañías dedicadas a la biotecnología agrícola han representado todo lo contrario para la agricultura puertorriqueña.
Las compañías dedicadas a la experimentación con transgénicos ocupan miles de cuerdas de las tierras más fértiles de Puerto Rico. De hecho, la mayor concentración de estas compañías se encuentra en el sur de la isla en la región de Juana Díaz a Salinas en el mismo lugar donde se radican cientos de agricultores puertorriqueños que se dedican a la producción de vegetales y frutas.
Esta región sur constituye la zona de mayor producción de vegetales del país, aportando más del 75% de la producción. Los agricultores locales han sufrido los efectos negativos sobre el agroecosistema de estas compañías multinacionales. La isla ha sido meca de la experimentación con cultivos transgénicos y ya llevamos más de dos décadas expuestos a los efectos de esta tecnología que genera gran oposición en todo el mundo.
Puerto Rico posee el record mundial de ser el primer lugar en el planeta en registrarse el desarrollo de resistencia de una plaga como efecto directo de los cultivos transgénicos. Por consecuencia de la presencia de estas compañías en la isla, que incluye a Monsanto, AgReliant Genetics LLC, Bayer, Dow Agrosciences, Illinois Crop Improvement Association, Pioneer, Syngenta y Rice Tec, desde el año 2006 se ha venido reportando en la literatura científica el desarrollo de resistencia en Puerto Rico del insecto plaga Spodoptera frugiperda también conocido como gusano cogollero del maíz (Matten 2007; Tabashnik et al., 2009; Storer et al., 2012; Tabashnik et al., 2013).
La larva de este insecto constituye una plaga de gran importancia en el maíz y otros vegetales tales como la cebolla y el repollo, entre muchos otros. A estos insectos que han desarrollado resistencia a la aplicación de plaguicidas algunos le llaman “súper plagas” constituyendo un problema mayor para los agricultores.
Este fenómeno se traduce en mayores pérdidas de cosechas ya que los insectos son mucho más difíciles de controlar siendo resistentes a la aplicación de plaguicidas típicamente utilizados. Como expresan las publicaciones científicas, este fenómeno se debe directamente a la presencia del maíz transgénico en la isla. A esta presión se le suma las aplicaciones exageradas y constantes de todo tipo de plaguicidas en los campos experimentales de estas compañías lo que incide negativamente en el balance del ecosistema agrícola. Como consecuencia del desarrollo de estas “súper plagas” los agricultores se ven impulsados a aumentar las dosis o utilizar productos más tóxicos, lo cual repercute negativamente también en la calidad del producto final y en la salud del consumidor.
Ante estos reportes científicos consistentes sobre el desarrollo de resistencia de este insecto plaga, la Agencia de Protección Ambiental Federal (EPA, en inglés) sugirió en un informe en el año 2007 que se terminara con la experimentación de esta tecnología en la isla. Las compañías de transgénicos en Puerto Rico han continuado con la experimentación de maíz genéticamente modificado ignorando las recomendaciones de la EPA en detrimento de la agricultura local.
Los efectos negativos de estas compañías en la agricultura de la isla es históricamente reconocido. El testimonio oral de funcionarios dedicados a la investigación en la Universidad de Puerto Rico ratifica que la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos ha aumentado drásticamente luego del establecimiento de estas compañías en la región. Se ha reportado mayor presión de las plagas ya existentes e insectos que anteriormente no representaban problemas ahora atacan los cultivos.
El desarrollo de una “súper plaga” directamente relacionado a la tecnología transgénica es un fenómeno que se reportó por primera vez en Puerto Rico, pero publicaciones científicas recientes demuestran que los casos de desarrollo de “súper plagas” como efecto directo de los cultivos transgénicos se han estado regando por todo el planeta. En tan solo 10 años luego de la liberación de la tecnología transgénica Bt se han desarrollado cinco nuevas “súper plagas” en el mundo.
Entre los insectos que han desarrollado resistencia como consecuencia de los cultivos transgénicos se encuentran Busseola fusca, Diabrotica virgifera virgifera, Spodoptera frugiperda, Helicoverpa zea y Pectinophora gossypiella (Tabashnik et al., 2013). En oposición a un desarrollo sustentable de la agricultura, el surgimiento de cultivos transgénicos a nivel mundial ha representado un aumento de un 26% en la utilización de agrotóxicos o el equivalente a la aplicación de 404 millones de libras de plaguicidas según el USDA (Benbrook 2009).
Irónicamente, el gobierno incentiva la operación de estas compañías con dinero de los contribuyentes a través del Departamento de Agricultura, a pesar de los efectos negativos comprobados sobre la agricultura local y la actividad de agricultores que se dedican a la producción de comida para el pueblo.
El Departamento de Agricultura subvenciona estas multinacionales otorgándoles millones de dólares en incentivos y facilitándoles cientos de cuerdas de la Autoridad de Tierras, compitiendo así con los intereses de los agricultores y la agricultura local. Estas compañías no contribuyen de manera alguna a la producción de alimentos en la isla y, por el contrario, atentan contra el patrimonio agrícola del país del cual cada día dependemos más para alcanzar la seguridad alimentara tan necesaria.
Literatura Citada
Benbrook, C. (Noviembre 2009). Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use in the United States:The FirstThirteenYears, The Organic Center.
Matten, S. (2007). Review of Dow AgroScienceÕs (and Pio-‐ neer HiBredÕs) Submission (dated July 12, 2007) Regard-‐ ing Fall Armyworm Resistance to the Cry1F Protein Ex-‐ pressed in TC1507 Herculex I Insect Protection Maize in Puerto Rico.
Tabashnik, B.E., Van Rensburg,J.B.J., Carriere Y., (2009). Field-‐ evolved insect resistance to Bt crops: definition, theory, and data. J Econ Entomol 102:2011–2025
Tabashnik, B.E., Brévault, T., Carrière, Y., (2013). Insect resistance to Bt crops: lessons from the first billion acres. Nature Biotechnology 31, 510–521.
Storer, N., Kubiszak, M., King, J., Thompson, G., Santos, A., (2012) Status of resistance to Bt maize in Spodoptera frugiperda: Lessons from Puerto Rico. Journal of Invertebrate Pathology 110, 294–300
28 de mayo de 2013
Se apagan los molinos
Cuestiones de seguridad las sacan de combate
Juan Alicea, director de la AEE, dijo que en California hubo problemas de seguridad con turbinas como las de Santa Isabel. (Archivo)
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Por Liz Sandra Santiago / puertoricohoy@elnuevodia.com
Las 44 turbinas eólicas ubicadas en Santa Isabel, promocionadas en su inauguración hace siete meses como el proyecto emblemático del paso de la Isla hacia fuentes renovables de energía, están apagadas desde el 15 de este mes por cuestiones de seguridad, confirmó ayer El Nuevo Día.
Matt Dallas, portavoz de Pattern Energy, la empresa que opera la llamada Finca de Viento en Santa Isabel, dijo ayer que la operación se detuvo debido a que el manufacturero lleva a cabo “evaluaciones de seguridad”.
“Esta es una medida de pura precaución y no hay indicación de que (el problema de seguridad que han presentado algunas turbinas similares) afecte las turbinas de Finca de Viento en Santa Isabel. Esperamos que el proyecto vuelva a operar en el futuro cercano”, dijo Dallas, en declaraciones escritas.
Dallas no dio detalles sobre el problema, pero el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Juan Alicea, dijo que tiene información de que hubo “incidentes de seguridad” en el funcionamiento de aparatos similares en California.
Las turbinas, objeto de una encendida controversia desde que la pasada administración anunció su intención de ubicarlas en los terrenos agrícolas más fértiles de todo el país, nunca han funcionado a plena capacidad por falta de viento y su salida del panorama de generación de energía no tiene prácticamente ningún efecto, dijeron ayer Alicea y otros directivos de la AEE.
Capacidad mínima
“A nosotros no nos hace un hueco para nada. Nosotros tenemos exceso de capacidad y suplimos con las unidades generatrices nuestras que están en servicio”, dijo Alicea.
El funcionario dijo que las turbinas solo estaban generando un 20% de su capacidad de 75 megavatios de energía. “Un proyecto de este tipo usualmente se diseña para que genere de un 30% a un 40% de su capacidad máxima y este estaba generando por debajo. Estaba en un 20%. Pero eso no tiene que ver nada con el modelo de las máquinas, eso tiene que ver con la cantidad de viento disponible en la zona”, dijo Alicea.
Según Alicea, Pattern Energy deja de ganar aproximadamente $1.6 millones por cada mes que las turbinas estén apagadas.
Para la AEE, insistió, el que las turbinas estén apagadas no supone ningún problema porque “nosotros no contamos con esa energía. No pagamos capacidad por ella. Eso lo compramos si está disponible, si no está disponible no pagamos nada. Si no producen, no cobran”.
El proyecto genera menos de 3% de la energía del país, dijo Alicea, quien comparó el proyecto con otros que operan en países como Dinamarca, donde la corriente de viento es mayor y aerogeneradores con funciones similares tienen una efectividad de un 30% a un 40%.
“Una planta convencional opera 24 horas al día 365 días al año. Pero esos operan cuando hay viento y esa proporción lo que quiere decir es que genera un 20% de lo que generaría si estuviera generando con el viento a su máxima capacidad 24 horas al día”, añadió Alicea.
El ingeniero Agustín Irizarry, miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, también dijo que la instalación de las turbinas fueron un negocio bueno para el desarrollador y malo para el consumidor.
“Que no este operando dejaría todo más o menos igual para el consumidor”, dijo Irizarry.
Adjunto el Comunicado de Prensa del Comité para el Desarrollo Sustentable del Valle de LajasComunicado de prensa
Guánica, Puerto Rico. El 19 de mayo del corriente supuestos representantes de un Comité en Guánica denunciaron públicamente que el Departamento de Agricultura estaba involucrado en la destrucción de humedales en el área de la antigua laguna de Guánica dentro de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. Hace aproximadamente cuatro semanas la Autoridad de Tierras (AT) comenzó a preparar una de sus fincas en la parte más al noreste de la Reserva para el desarrollo de varios proyectos agrícolas. Estos terrenos están clasificados como AR-1; la categoría más estricta dentro de la Reserva Agrícola que identifica terrenos cuyos usos permitidos están restringidos a cosechas agrícolas y a crianza de animales. El Reglamento que aplica en las Reservas Agrícolas define la clasificación AR-1 como “terrenos de gran productividad o potencial agrícola” y “cuya continuidad y desarrollo para uso agrícola se declara de extrema importancia para el país”. La AT cuenta con una dispensa para la limpieza de predios y preparación de terrenos. Nos consta que la limpieza se ha llevado a cabo con buen cuidado de no remover capa superficial de terreno. Es por todos conocida la necesidad que tiene Puerto Rico de desarrollar su agricultura para contribuir a subsanar la dependencia de alimentos que sufrimos. Ante una realidad de dependencia extrema de productos importados y de vulnerabilidad alimentaria, resulta lamentable que cuando finalmente se toma una iniciativa asertiva para el desarrollo agrícola del área, personas con intereses contrarios al desarrollo agrícola en el área traten de socavar dichas acciones, recurriendo a actos de desesperación. Estas acciones desesperadas ocurren ahora porque los que alegan la supuesta destrucción promueven la inundación de los terrenos agrícolas de la antigua laguna de Guánica y su iniciativa ha confrontado recientemente una oposición firme y organizada. Un gran número de organizaciones agrícolas de Puerto Rico, se oponen a dicha inundación.
Tenemos que reconocer que quienes principalmente han denunciado el trabajo que la AT lleva a cabo son contratistas que trabajan para agencias federales con intereses de inundar terrenos agrícolas para supuestamente “restaurar” la antigua laguna de Guánica. Debemos aclarar que esto es lo que verdaderamente hay de fondo en estas denuncias. El área que estas personas mencionan que se destruye, quedaría totalmente bajo agua si sus propósitos se cumplen. Es decir, si se inundara el área de la antigua laguna de Guánica, los humedales que dicen están allí quedarían sumergidos (destruidos) por la inundación – una gran paradoja. El viernes pasado personas que se identifican como supuestos miembros del “Comité Pro Restauración Laguna de Guánica”, entraron al área de trabajo y tomaron fotos. Las fotos muestran el área de depósitos de material vegetativo que posteriormente recibió aguas de lluvia o aguas subterráneas. El área que ellos identifican como humedales no está clasificada como tal, ni tampoco lo están las áreas aledañas. De las especies de árboles que mencionan, muchas no son vegetación de humedales. Los contratos que la AT sostiene con agricultores del área sirven de evidencia de la actividad agrícola existente en la región. Finalmente, se debe reconocer que durante la pasada administración de la AT, ésta propuso al Cuerpo de Ingenieros (Corps of Engineers) la creación de un Banco de Mitigación (un humedal) en los terrenos de la antigua laguna de Guánica; en los mismos que hoy se denuncia la supuesta destrucción. En marzo del 2012, dicho organismo denegó la solicitud al reconocer que dicha acción no es compatible con los usos agrícolas actuales en el área ni con la clasificación de los terrenos.
Las personas que hacen la denuncia — una de los cuales recibe dinero como miembro de una organización de nombre Protectores de Cuencas, Inc., para fomentar la inundación de los terrenos agrícolas del área de la antigua laguna de Guánica – trabajan con el auspicio de agencias federales y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para alcanzar dicho objetivo. En el cuatrienio pasado lograron que se aprobara en Cámara y Senado un proyecto conducente a la inundación – en un proceso que marginó a los agricultores del área. Afortunadamente, el mismo obtuvo un veto de bolsillo y no prosperó. En marzo del corriente, se presentó en el Senado el proyecto 463, el cual busca nuevamente lograr la inundación del área. El lenguaje del proyecto manifiesta los prejuicios de quienes lo impulsan. Se describe a la oposición de la inundación como “detractores”, y que los argumentos que se levantan están hechos por “profesores del Colegio de Mayagüez y agricultores del área”. Como se verá más adelante, la oposición es mucho más amplia de lo que se pretende reconocer.
Hoy, tras el escudo de una organización comunitaria, pretenden llamarle humedales y bosques a una zona con infraestructura de riego y drenaje, creada en la década de 1950 para remediar los suelos del exceso de sales, mejorar el desagüe de los suelos y reducir la la incidencia de humedad en los suelos. El drenaje de los terrenos, que incluyen los terrenos de la laguna de Guánica y el Anegado, ocurrió mucho antes de la aprobación de la Ley de Agua Limpia en 1972. La implicación de esto es que mientras esos terrenos hayan sido utilizados para la producción agrícola, los mismos no están bajo la jurisdicción del Cuerpo de Ingenieros. En 1999, el reconocimiento del valor agrícola del área, se concretiza a través de la Ley 277, la cual declara los terrenos del Valle como Reserva Agrícola – la primera establecida en Puerto Rico. Entre los terrenos que se reconocieron como de valor agrícola, en la delimitación establecida por la Junta de Planificación en el 2004, están los que supuestamente se están destruyendo. Los terrenos de la Autoridad de Tierras son terrenos cuyos fines son estrictamente dirigidos hacia el desarrollo agrícola; precisamente lo que el Departamento de Agricultura persigue al presente.
Los contratistas federales han estado al frente de la iniciativa para lograr que los terrenos agrícolas del área de la antigua laguna de Guánica se excluyan de la Reserva Agrícola y se destinen para ser inundados argumentando que esto significaría una “restauración” de un sistema que existió y que por consiguiente tiene un derecho natural a ser preservado. La tal “restauración” realmente no existe pues lo que proponen es construir una estructura en concreto que bloquearía el canal de drenaje de la reserva agrícola para mantener un cuerpo de agua con un nivel fijo, Los grupos que impulsan la inundación se basan en estudios de muy limitada profundidad científica que no consideran las serias preocupaciones del sector agrícola en torno al impacto negativo que tendría la acción en la agricultura del área. Originalmente proponían inundar alrededor de 1,200 cuerdas dentro de la Reserva Agrícola, pero cuando se les señaló el grave daño que causaría, ahora arbitrariamente proponen 600 cuerdas. Los terrenos que se pretenden inundar forman parte de un área más amplia de alrededor de 4,000 cuerdas de terrenos agrícolas, que el DRNA quiere excluir de la Reserva Agrícola.
Realmente, esto que experimentamos hoy es un choque de visiones acerca de lo que debe ocurrir en el área. Las preocupaciones del sector agrícola han sido manifestadas en reuniones que citaban los contratistas de las organizaciones federales que apoyan el proyecto, sin embargo, las mismas nunca fueron atendidas. Hoy, luego de un extenso proceso educativo (que continua) las entidades que se oponen a la inundación son las siguientes: el Comité para el Desarrollo Sustentable del Valle de Lajas (organización compuesta por agricultores del Valle de Lajas y que sirve de base organizativa en contra de la inundación), el Departamento de Agricultura, la Autoridad de Tierras, el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, los presidentes de las Comisiones de Agricultura en Cámara y Senado, el Decano y Director del Colegio de Ciencias Agrícolas (UPR), la Puerto Rico Agriculture Biotechnology Industry Association, la Facultad del Colegio de Ciencias Agrícolas, el Cuerpo de Especialistas del Servicio de Extensión Agrícola, la Asociación de Científicos de la Estación Experimental Agrícola, el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, la Asociación de Agentes Agrícolas, y Acción y Reforma Agrícola. Queda claro entonces que la oposición no meramente consiste de: “profesores del Colegio de Mayagüez y agricultores del área”.
Al presente, contra una organización amplia del sector agrícola que se manifiesta a favor del desarrollo agrícola del área y de la protección de los terrenos agrícolas de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas, los promotores de la inundación recurren a las exageraciones y medias verdades, y hasta la destrucción de propiedad pública cuando debieron desde el principio ampliar el diálogo y reconocer las preocupaciones agrícolas. El 22 de mayo, uno de los proponentes a sueldo para la inundación, rompió con su vehículo uno de los portones que da paso al área agrícola. Esta misma persona sirve de asesor al DRNA en la iniciativa para inundar el área. Para acceder al documento que manifiesta el enfoque agrícola en torno al proyecto de inundación de los terrenos agrícolas de la antigua laguna de Guánica puede ir a la siguiente página: http://www.scribd.com/doc/143420184/La-Perspectiva-Agricola-en-Torno-al-Proyecto-de-Inundacion-del-Area-de-la-Antigua-Laguna-de-Guanica La foto que se incluye a continuación muestra los terrenos que se preparan para la actividad agrícola. Los mismos están clasificados como “Prime Farmland” por el Natural Resources Conservation Service (NRCS).
Comunicado de Prensa-Destruccion Humedales o Preparacion de Proyecto Agricola GuanicaPerspectivaAgricolaRev1212
Comunicado de Prensa-Destruccion Humedales o Preparacion de Proyecto Agricola
Abajo la ponencia del Frente de Rescate Agrícola en colaboración con diversas organizaciones en la vista pública de la R. de la C. 326 ante la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales. Esta medida pretende investigar los própositos y el cumplimiento de la Ley 82 del 2010. Esta ley estableció las metas en el desarrollo de proyectos de energía renovable y desarrolló la politica pública que dio pie al establecimiento de proyectos industriales de esta índole sobre terrenos agrícolas.
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8 de mayo de 2013
El recurso más valioso que posee Puerto Rico es el recurso humano, y la energía que mueve ese recurso es la disponibilidad de alimentos abundantes y saludables. Esa disponibilidad de alimentos está siendo amenazada hoy más que nunca a nivel global por numerosos factores tal como el cambio climático, el crecimiento poblacional, la especulación de la comida, la destrucción de terrenos agrícolas al destinarlos a potros usos y la producción de biocombustibles. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reportado que actualmente las reservas mundiales de alimentos se encuentran en sus niveles más bajos en los últimos 40 años. En un informe publicado en octubre del 2012 la ONU declara que si en este año se continúan experimentando patrones anormales en el clima el mundo podría experimentar una crisis alimentaria sin precedentes. Los científicos apuntan a que la situación alimentaria mundial está lejos de mejorar y que muy por el contrario continuará agudizándose en el futuro cercano. El índice de precios de alimentos, el cual es una medida ponderada de los precios de exportación de los principales productos alimentarios, ha alcanzado en los últimos 3 años valores records. Ante las amenazas que existen a nivel global para el Sistema agro alimentario distintos organismos internacionales, tales como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2007), la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina (2009), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Banco Mundial (2011) han exhortado a que cada país establezca políticas de seguridad alimentaria. Han advertido también que los precios de los alimentos básicos se duplicarán para el año 2030 y la producción de alimentos se reducirá en un 25 % limitando aun más la disponibilidad de comida. La fragilidad del sistema alimentario del cual dependemos para abastecernos en más de un 85% de los alimentos que consumimos nos impone hoy más que nunca la obligación de producir localmente nuestros propios alimentos y comenzar a recorrer el camino de la seguridad alimentaria. Ante este panorama de emergencia, los países del mundo están tomando medidas de contingencia definidas. Los países exportadores de alimentos han comenzado a limitar sus exportaciones a países como Puerto Rico, esto con la intención de asegurar el abasto de alimento necesario para alimentar a su población. Incluso, ha surgido un fenómeno bautizado como la “Fiebre de los Cultivos” en donde países con grandes limitaciones de terreno han comenzado ha adquirir tierras en el extranjero para la producción de alimentos y de esa forma asegurar el suministro de comida de su población.
Conscientes de la problemática que representa la alta dependencia al petróleo valoramos el ánimo fundamental de la Ley 82 del 2010 para crear política pública encaminada a la diversificación de las fuentes de energía y establecer unas metas a mediano y largo plazo. No obstante, el desarrollo de proyectos de energía alterna deben suscribirse estrictamente a un verdadero desarrollo sustentable de país. Los primeros proyectos industriales de producción de energía renovable en la Isla, algunos de ellos muy sonados, y muchos otros proyectos propuestos están siendo planteados a desarrollarse sobre terreno vital para la agricultura. La ONU define el desarrollo sostenible como “aquel desarrollo en el que se busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer adversamente el potencial de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. La Ley número 82 del 2010 hace referencia en innumerables instancias al término energía renovable sostenible. En apego al término expresado en la mencionada ley y a la definición de desarrollo sostenible expresamos que es totalmente incompatible el desarrollo de proyectos industriales de energía renovable a expensas de la destrucción de un recurso no-renovable de alto valor como lo son las tierras agrícolas y en detrimento del potencial del país para producir sus propios alimentos. Se estima que una pulgada de terreno fértil toma de 500-1000 años en formarse mediante procesos bio-geo-químicos complejos. El recurso tierra presenta otra característica que debe considerarse explícitamente cuando se toman decisiones sobre su uso o cambio en uso. Se trata de la irreversibilidad en uso que adviene con aquellos usos que incluyen transformar los servicios que se obtienen de los terrenos a unos incompatibles con las actividades agrícolas. Permitirlo propicia que la base sobre la cual podemos sostener la producción de alimentos se transforme de manera irreversible y se limiten las opciones futuras. El balance racional entre el desarrollo urbano e industrial y el desarrollo agrícola se quebrantó hace muchísimo tiempo en gran desventaja para la agricultura y la capacidad de nuestro pueblo de producir su propia comida. De acuerdo al Censo Agrícola Federal, en tan solo 5 años, en el periodo entre 2002 al 2007, se perdió cerca del 20 % (133,150 cuerdas) de las tierras agrícolas del país. Se estima que de continuar la tendencia, Puerto Rico podría perder la totalidad de sus tierras agrícolas en el transcurso de las próximas dos décadas. Para satisfacer la demanda alimentaria local se necesitan entre 1.4 a 5 millones de cuerdas de terreno de las cuales solo quedan disponibles menos de 557,528 según el último Censo Agrícola. Un verdadero desarrollo sostenible debe contemplar, defender y desarrollar el potencial del país para producir sus propios alimentos y asegurar el sustento alimentario para las futuras generaciones. A manera de ejemplo, actualmente uno de los proyectos industriales de energía renovable que desplazó 120 cuerdas de tierras agrícolas produce unos 20 megavatios de energía eléctrica. En esas mismas 120 cuerdas de terreno pudieran estar produciéndose en cada ciclo de cosecha cerca de 3.6 millones de plátanos, 1.9 millones de libras de ñame, 2.2 millones de libras de yautía, 3.7 millones de libras de batata, 4.5 millones de libras de berenjena o 3.6 millones de libras de sandía según material técnico de la Facultad de Ciencias Agrícolas del RUM.
Desde una perspectiva ambiental y en el mismo ánimo en el que se promueve el desarrollo de energía renovable para reducir el impacto ecológico y disminuir la producción de gases de invernadero, la preservación de las tierras y el desarrollo agrícola local en sí mismo es la primera vía para reducir la huella humana sobre el ambiente. Reportes de la Universidad de Iowa sugieren que la producción local de alimentos tiene el potencial de reducir de 5-17 veces el consumo de combustible y de 5-17 veces las emisiones de dióxido de carbono en la cadena de producción de alimentos. Basados en un calculo conservador comparativo con Inglaterra, Puerto Rico emite cerca de 1.3 millones de toneladas de dióxido de carbono debido a la importación de alimentos que pudieran estar produciéndose localmente. La producción sustentable y local de alimentos eliminaría toda la huella ecológica asociada al transporte de alimentos a la isla. En promedio, los alimentos viajan en barco cerca de 1,310 millas hasta llegar a los puertos de la isla. Más aún, el segundo proveedor de alimentos de Puerto Rico es China con una ruta comercial de más de 10,000 millas.
Más aún desde una perspectiva comunitaria, es necesario que las poblaciones de los diversos sectores geográficos de nuestra sociedad tengan acceso a información, datos y documentos así como a participar en todas las acciones y medidas que puedan afectar sus vidas, la cotidianidad, convivencia y el desarrollo socio-económico-cultural. En el año 1960 la Organización de Naciones Unidas estableció los Principios del Desarrollo de las Comunidades que señalan como fundamental que las actividades del estado deberán estar dirigidas a satisfacer las necesidades expresadas por la población de las comunidades, desde una acción concertada, con la participación de líderes locales, jóvenes y mujeres con mayor participación en asuntos de gobierno (ONU: 1960). Por tal razón, los procesos organizativos y de planificación del estado han de redundar en mayor autonomía y responsabilidad de las comunidades, convirtiéndoles en actores activos en la transformación de las mismas desde la búsqueda del bien común. El cambio de uso de los terrenos de alto valor agrícola a otros usos (incluyendo la generación de energía renovable), atenta contra esta autonomía comunitaria necesaria para el pleno disfrute de una vida digna y la seguridad alimentaria.
Por otro lado, la Ley Núm. 82-2010 presenta otras complicaciones. Dicho estatuto obliga a los productores de energía a que un porcentaje mínimo de la generación se produzca con fuentes de energía renovable o “energía renovable alterna”. Esto crea un mercado a través del cual un generador específico puede comprarle cierta cantidad de energía de este tipo a productores privados. Este incentivo, junto a la designada emergencia energética, ha tenido el efecto de desparramar este tipo de proyectos en lugares no ideales como algunos lo han sido los terrenos agrícolas de nuestro país y con poquísima, si alguna, participación ciudadana. Además, la ley incluye la incineración (conversión de desperdicios sólidos) como una fuente de energía renovable alterna, que forma parte de la cartera de energía de la legislación. Es de conocimiento que la incineración de desperdicios sólidos trae altos riesgos para la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Este dato abriría la puerta a que un generador cumpla con su cuota de energía renovable comprando los créditos de energía producida mediante la incineración. Por último, la Ley Núm. 82-2010 derogó la Ley Núm. 246-2008, mejor conocida como la Ley de Mitigación de Calentamiento Global en Puerto Rico. Esta legislación establecía como meta clara el deber de la Autoridad de Energía Eléctrica de reducir la dependencia al petróleo en un (50%) cincuenta por ciento y buscar fuentes de energía renovable alternas para el año 2010. Además, incluía muchísimas metas y responsabilidades específicas par las diferentes agencias gubernamentales, y hasta incluía un programa de educación escolar en las escuelas donde se enseñaran las causas, efectos y prevención del calentamiento global. Sin embargo, a pesar de que la vigente Ley Núm. 82-2010 detalla más sobre los proyectos de energía renovable, igualmente no atiende debidamente algunos aspectos importantes de planificación, modos de producción y designación de espacios para este tipo de proyectos.
El país no admite mayor pérdida de terrenos agrícolas si aspiramos a un verdadero desarrollo sustentable donde la producción de alimentos esté en manos de los Puertorriqueños. Por las razones antes expuestas el desarrollo de energía renovable no puede ser a expensas de las tierras agrícolas, pues la producción de alimentos en sí mismo es la energía que mueve al país. La política pública del gobierno debe ser explícitamente clara en que la producción de energía no puede representar la pérdida de tierras ni oponerse al desarrollo agrícola. Existen alternativas y tecnologías apropiadas para el desarrollo de proyectos de energía renovable fuera de tierras agrícolas y socialmente compatibles. La agricultura es una actividad esencial para todos los países y los seres humanos que en ellos habitamos. Su importancia no admite discusión porque es la fuente de origen del bien económico más importante para los seres humanos: los alimentos.
Por esta razón, recomendamos que se enmiende la Ley Núm. 82-2010 o que se cree nueva legislación para: (1) que se excluyan de los beneficios de la ley aquellos proyectos realizados en tierras agrícolas, (2) se elimine la incineración como fuente de energía renovable alterna, (3) se restablezcan mayores porcentajes de generación de energía renovable en PR, (4) se adopte una política pública agresiva para atender los problemas que presentan el cambio climático y el correlativo aumento en el nivel del mar y (5) todo dentro del marco de un proceso amplio que fomente y garantice la participación ciudadana, incluso más allá del comentario. Entendemos que además podemos promover enmiendas al Reglamento Conjunto, que actualmente permite este tipo de proyecto en terrenos agrícolas. Estas acciones serían más contundentes que la determinación a través de la R de la C 326 para investigar si se implementó o no una ley. Quedamos en completa disposición para redactar trabajos específicos y recomendaciones para los fines antes expuestos.
La Asociación Nacional de Derecho Ambiental, el Comité de Salud Pública y Ambiental del Colegio de Médicos Cirujanos, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (Capítulo de Puerto Rico), la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica, el Comité de Yabucoeños Pro-Calidad de Vida y la Asociación de Estudiantes Agricultores apoyan el contenido y las medidas expuestas en esta ponencia.
El pasado lunes 18 de marzo se aprobó en el Senado el Proyecto de Ley #1 de 2012 que propone la derogación de varios artículos del código penal que laceran, intimidan o criminalizan el derecho a la libre expresión de los ciudadanos.
La medida aprobada incluye la derogación del artículo 200, conocido como la “ley Tito Kayak”. El 13 de marzo se aprobía aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 0230 con el mismo propósito.
Debemos comenzar una campaña para reclamarle al gobernador que firme el proyecto de ley que finalmente salga de la Legislatura y que incluya la derogación del artículo 200 del código penal. Derogar este artículo fue un compromiso del gobernador durante y después de la campaña electoral.
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Puedes llamar a La Fortaleza (787-721-7000), Oficina de Asesor Legal y Legislativo, extensiones 3134 y 3070. Se sugiere un mensaje similar a este:
Mi nombre es _____________________ y resido en el pueblo de _______________________. Mi llamada es referente a la aprobación de la derogación en Cámara y Senado del artículo 200 del código penal, conocido como la “ley Tito Kayak”. Quiero expresarle al Sr. Gobernador mi apoyo a la firma de la derogación de esta ley que criminaliza el derecho a la libre expresión.
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Además puedes escribir al correo electrónico del gobernador. El correo electrónico es gobernador@fortaleza.pr.gov
Si prefieres puedes enviar una carta por correo postal a la siguiente dirección:
La Fortaleza
Oficina de Asesor Legal y Legislativo
PO BOX 9020082 San Juan Puerto Rico 00902-0082
Se sugiere un texto similar a este:
Sr. Gobernador,
En los próximos días estará en sus manos un proyecto de ley que incluye la derogación del artículo 200 del código penal conocido como la Ley Tito Kayak.
El artículo 200 del código penal fue aprobado por la pasada administración con la intención principal de intimidar el ejercicio del derecho a la libre expresión ante las actuaciones abusivas del gobierno de Luis Fortuño.
La inmensa mayoría de las organizaciones profesionales, estudiantiles y comunitarias que comparecieron a las vistas públicas de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, se expresaron a favor de la derogación de este artículo.
En este momento 5 ciudadanos y 1 ciudadana enfrentan un proceso judicial en etapa de juicio acusados de violentar el artículo 200. Su único delito fue manifestarse en defensa de las mejores tierras cultivables del país, donde se construyó un gigantesco complejo de molinos de viento en Santa Isabel. De ser encontrados culpables se exponen a una pena de cárcel de hasta 3 años.
Derogar el nefasto artículo 200 del código penal fue un compromiso suyo con el país durante y después de la campaña electoral.
Recientemente le hemos escuchado plantear la importancia del cumplimiento de “la palabra empeñada”. Sr Gobernador, cumpla con su palabra. Firme la derogación del artículo 200 del código penal.
Cordialmente,
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dirección postal, correo electrónico o número de teléfono si quiere ponerlo
Exhortamos a todos y todas a suscribir esta carta y enviarla al Lcdo. Richard Rosado Jiménez, Fiscal de Distrito de la Región Judicial de Ponce, con el propósito de poner fin al juicio en contra de los cinco compañeros y una compañera que fueron arrestados y acusados por el artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico (ley tito kayak) por defender nuestro patrimonio agrícola y la seguridad alimentaria del País en el Valle Agrícola del municipio de Santa Isabel.
Esta semana se aprobó el proyecto 230 de la Cámara de Representantes que deroga el mencionado artículo del Código Penal. Véa aquí la noticia. Ahora pasaría al Senado de Puerto Rico. De ser aprobado por el Senado, pasaría para la firma del gobernador, Alejandro García Padilla. Es importante puntualizar que de ser derogado este artículo, el juicio contra nuestro compañeros culminaría, lo que implica un sobreseimiento del caso.
Seamos solidarios con nuestros compañeros y compañera, defendamos nuestros derechos constitucionales, impulsemos una sociedad de mayor democracia y participación. Ayúdanos a ponerle fin a un proceso penal injusto contra ciudadanos y ciudadanas con un gran compromiso por el desarrollo y sostenibilidad agrícola para presentes y futuras generaciones suscribiendo esta carta.
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18 de marzo de 2013
Lcdo. Richard Rosado Jiménez
Fiscal de Distrito
Región Judicial de Ponce
PO Box 7185, Ponce, PR 00732-7185
Estimado Lcdo. Rosado Jiménez:
El 15 de diciembre de 2011, 5 ciudadanos y 1 ciudadana fueron arrestados y procesados en la Región Judicial de Ponce por ejercer su derecho a la libertad de expresión y su deber patriótico de cuidar y preservar nuestros terrenos agrícolas. El doctor Robinson Rodríguez Pérez, el agrónomo Raúl Mari Fernández, los estudiantes Edwin Velázquez González, Rosemarie Vázquez Cruz, Javier Smith Torres y Luis Omar García Mercado están siendo procesados por hechos ocurridos en una servidumbre de paso aledaña a la que hoy se conoce como “finca de los vientos” en la ciudad de Santa Isabel.
Estos seis ciudadanos se dieron cita el pasado 15 de diciembre de 2011 para exigir y hacer valer la Ley Número 242 de 9 de agosto de 2008 que clasifica los municipios comprendidos desde Patillas hasta Sabana Grande como Reserva Agrícola del Sur de Puerto Rico, ejerciendo el derecho que le concede la Constitución de Estados Unidos en su Primera Enmienda y la Constitución de Puerto Rico en el Artículo II, Sección 4, a expresarse libremente y solicitar del Gobierno reparación de agravios. Sin embargo, sus reclamos fueron ignorados por la Policía, quienes procedieron a arrestarlos por alegada violación al Artículo 208-A del Código Penal de 2004.
Este artículo fue creado con el propósito de evitar que la gente proteste, así se desprende de la intención original de la ley. Por tal razón ha sido objeto de debate y desaprobación de diferentes sectores de la población. A finales de este pasado año el Gobernador, Honorable Alejandro García Padilla, dio su palabra a sectores ambientales y ante el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico de derogar este artículo por entenderlo inconstitucional. Actualmente el Senado ha presentado el Proyecto Número 22 y la Cámara de Representantes el Proyecto Número 230, ambos con el propósito de derogar el artículo, hoy reenumerado en el Nuevo Código Penal de 2012 como Artículo 200. El Secretario de Justicia ha propuesto enmendarlo, pues admite que el artículo provoca un “efecto paralizador” en la ciudadanía para manifestarse y ejercer su derecho a la libertad de expresión; por lo que el mismo es inconstitucional.
A esos efectos, dos de los tres poderes de nuestro sistema republicano de gobierno han coincidido en la inconstitucionalidad de la ley según actualmente está redactada.
El proceso por el cual los 6 acusados han atravesado ha sido uno atropellado, donde estos ciudadanos han tenido que acudir al Tribunal Superior de Ponce en unas veintiocho ocasiones, afectando sus vidas, sus trabajos y estudios por el simple hecho de proteger su patrimonio y exigir que se cumpliera con una ley previa a la aprobación del artículo 208-A del Código Penal de 2004.
Por esta razón le solicitamos ordene el sobreseimiento del caso en contra de estos ciudadanos probos. Estos ciudadanos no son criminales; no son culpables de otra cosa que no sea amar profundamente a su país.
Cordialmente,
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cc: Hon. Alejandro García Padilla
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Compartimos el siguiente artículo publicado hoy, 12 de marzo de 2013, en el periódico El Nuevo Día.
http://www.elnuevodia.com/sequedancortaslasturbinas-1466913.html
El Frente de Rescate Agrícola siempre denunció la errada ubicación de este proyecto, no sólo por la destrucción irreversible de cientos de cuerdas del terreno agrícola más fertil de Puerto Rico y del mundo, sino por la reducción de miles de empleos directos e indirectos asociados con la producción agrícola del Municipio, el impacto adverso en las comunidades aledañas al proyecto por el científicamente estudiado wind-turbine syndrome, el aumento de la inseguridad alimentaria para Puerto Rico por la pérdida del escaso inventario de suelo agrícola que nos queda, entre otros. Ahora, este artículo publicado hoy confirma cada una de nuestras denuncias.
Mientras tanto, como parte de las múltiples denuncias realizadas sobre este proyecto de turbinas eólicas, varios compañeros del Frente de Rescate Agrícola se manifestaron pacíficamente, ejerciendo su derecho constitucional a la libre expresión. Durante la manifestación pacífica, el 11 de diciembre de 2011, seis compañeros fueron arrestados y actualmente están en espera de juicio en el Tribunal de Ponce por alegadamente, según el Ministerio Público, violar el artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico (ley tito kayak). Sabemos, que el artículo 200 es totalmente inconstitucional por criminalizar el ejercio de derechos constitucionales. Nos sentimos honrados y honradas de tener compañeros comprometidos con nuestro patrimonio agrícola y la seguridad alimentaria de las presentes y futuras generaciones. Le agradecemos su gesta en denunciar las injusticias del proyecto de turbinas que se confirma siempre fue y es un error.
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Se quedan cortas las turbinas
No producen la energía prometida
El parque eólico Finca de Viento Santa Isabel ubica en los terrenos agrícolas más fértiles de Puerto Rico.
Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com
Aunque llevan tres meses “conectados” a la red de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los 44 aerogeneradores que conforman el proyecto Finca de Viento Santa Isabel no están aportando al sistema los 75 megavatios de “energía limpia” prometidos.
Las enormes turbinas, que capturan la vista de los miles de conductores que a diario transitan por el tramo sur de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), tampoco sirven a los 63,500 clientes que originalmente se dijo, y su costo de producción no es de 12.5 centavos por kilovatio-hora (kWh).
Mapas, documentos de la transición gubernamental y hasta el propio director ejecutivo de la AEE, Juan F. Alicea Flores, confirman estos hechos, que son negados por la empresa Pattern Energy, dueña del parque eólico.
A fin de que los proyectos de energía eólica fueran ubicados adecuadamente, el Departamento federal de Energía categorizó la calidad del viento en la Isla. La agencia federal elaboró un mapa y tipificó la calidad del viento –por áreas geográficas– usando una escala numérica del uno al cinco. En esa escala, el número uno corresponde a los vientos de pobre calidad y el cinco, a los de excelente calidad.
Como bien puede observarse en el mapa, los vientos en el municipio de Santa Isabel son de pobre calidad, ya que su velocidad no excede las 13.2 millas por hora (mph).
Funcionarios de Pattern Energy, no obstante, han dicho que sus aerogeneradores pueden operar con vientos de cinco o seis mph y que su “funcionamiento óptimo” es con vientos de unas 12 mph.
“El viento que sopla en esa zona de la costa sur nos da la estabilidad para producir energía de manera viable. Las horas en que el viento es más fuerte coinciden con las horas pico de energía en la Isla, así que podemos ayudar al sistema de la AEE en los momentos que se necesita esa energía. Hasta el momento, la calidad del viento cumple y supera las expectativas que se tenían”, expresó Collie Powell, gerente de Finca de Viento Santa Isabel.
Pero la historia que cuenta el director ejecutivo de la AEE es otra.
“Es importante que la gente entienda que este tipo de proyecto (eólico) tiene una capacidad efectiva relativamente baja. En promedio, los proyectos de energía eólica operan a un 20% o 25% de su capacidad máxima”, sostuvo Alicea Flores. Dicho en otras palabras, este proyecto diseñado para aportar 75 megavatios al sistema eléctrico en realidad suplirá unos 19 megavatios al día.
VARIAS CONTRADICCIONES
En una presentación dada a la prensa local en octubre pasado, la entonces gerencia de la AEE –Josué Colón y José Ortiz– aseveró que Finca de Viento Santa Isabel generaría 95 megavatios, en horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., entre los meses de febrero a agosto, o sea, actualmente.
En esa misma presentación, Colón y Ortiz informaron que la cantidad de clientes a servir con el parque eólico ascendía a 63,500. Sin embargo, un documento provisto por la AEE durante las vistas de transición gubernamental da cuenta de que los clientes a servir en realidad son 53,500.
Powell, entretanto, precisó que los 75 megavatios que el parque eólico está supuesto a generar equivalen al consumo de 25,000 hogares.
En la presentación también se dijo que el costo por kWh producido en Finca de Viento Santa Isabel sería de 12.5 centavos. Empero, Alicea Flores aclaró que la AEE paga 15 centavos por cada kWh salido del parque eólico. El costo por las unidades generatrices de la AEE fluctúa entre 13 y 20 centavos.
Cuestionado al respecto, Alicea Flores explicó que la diferencia de 2.5 centavos equivale a los “créditos de energía renovable”. Por ley, la AEE está obligada a pagar por esos “créditos”, ya que “no tiene forma” de producir por sí sola la energía que está comprando.
“Yo no soy anti energía renovable. Sin embargo, Puerto Rico no tiene ningún sitio excelente en (calidad de) viento. En ningún sitio es excelente. Por eso, le estoy pidiendo un informe a Pattern Energy para saber cuánto ha sido el promedio que ha generado (el proyecto) desde que está en operación. Tengo curiosidad”, dijo Alicea Flores.
“Si me dijeras que los 75 megavatios son de forma continua, eso es bueno. Pero no es bueno tener 75 megavatios ahora, luego 15 y luego 30. Eso me mantiene en una encrucijada porque tengo que seguir (produciendo energía) quemando combustible en mis unidades. Tengo que seguir quemando combustible para poder responder cuando la energía renovable no esté”, agregó el funcionario. Por su parte, el portavoz del Frente de Rescate Agrícola (FRA), Ian Pagán Roig, recalcó que la ubicación del proyecto siempre fue cuestionable.
“Se supone que el modelo de las turbinas se adapte a las condiciones del lugar de ubicación. El modelo de las turbinas de Santa Isabel es uno de los más grandes y nunca hubo certeza de que allí había buen viento. Los estudios (de calidad de viento) que hizo Pattern Energy nunca fueron públicos”, denunció Pagán Roig, quien fue uno de los seis arrestados el 15 de diciembre de 2011 mientras se manifestaban frente a una de las entradas del parque eólico.
De hecho, el juicio en su fondo contra los seis arrestados quedó ayer pospuesto para pasado mañana en el Tribunal de Ponce. A todos se les acusa por violar el Artículo 200 del nuevo Código Penal, popularmente conocido como la Ley Tito Kayak, que establece como delito grave de cuarto grado la obstrucción y paralización de obras de construcción.
IMPACTO AGRÍCOLA
Otro aspecto que desde el principio le jugó en contra al parque eólico fue el impacto que suponía su construcción, ya que está ubicado en una finca agrícola considerada una de las más fértiles del país y del mundo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) planteó que solo el 11% de la tierra en el mundo es arable y, de esa cantidad, el 3% es suelo primordial. De acuerdo con el sociólogo rural Robinson Rodríguez –otro de los seis arrestados–, las tierras agrícolas de Santa Isabel son parte de ese 3% porque pueden sembrarse en múltiples épocas y su suelo es de excelente calidad por su humedad, acidez y temperatura.
“En esos terrenos agrícolas, que están entre los mejores del mundo, laboran 3,800 obreros, por lo que son una fuente importante de empleo. Pero Pattern Energy vino únicamente para capitalizar en la construcción. Obtuvo un contrato de más de $200 millones para venderle energía a la AEE por 20 años. Si las turbinas se pierden ahora, ya no importa… ya ellos generaron sus ganancias”, soltó Rodríguez.
En tono similar se expresó el agrónomo Javier González, quien denunció que la construcción de Finca de Viento Santa Isabel va en contra de la Ley 242-2008, que creaba el Corredor Agrícola del Sur. “Se supone que el corredor estuviera delimitado entre Arroyo y Sabana Grande a un año de la aprobación de la ley, pero la Junta de Planificación aún no ha hecho vistas públicas para concretarlo”, lamentó.
Powell, por su parte, afirmó que una vez finalizado el proceso de instalación de los 44 aerogeneradores se afectaron 21 cuerdas de terreno agrícola, es decir, el 0.5% del área estudiada para el proyecto (unas 3,700 cuerdas). Alegó que hay “nuevos agricultores” ocupando los terrenos disponibles en el proyecto.
Acceda aquí para leer la ponencia presentada por el Frente de Rescate Agrícola a favor de la derogación del artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico en las Vistas Públicas ante la Cámara de Represantes y el Senado de Puerto Rico el 27 de febrero de 2013.
Frente de Rescate Agrícola 