Ponencia en Vista Pública sobre R. de la C. 326


frente rescate agricola

Abajo la ponencia del Frente de Rescate Agrícola en colaboración con diversas organizaciones en la vista pública de la R. de la C. 326 ante la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales. Esta medida pretende investigar los própositos y el cumplimiento de la Ley 82 del 2010. Esta ley estableció las metas en el desarrollo de proyectos de energía renovable y desarrolló la politica pública que dio pie al establecimiento de proyectos industriales de esta índole sobre terrenos agrícolas.

__________

8 de mayo de 2013

El recurso más valioso que posee Puerto Rico es el recurso humano, y la energía que mueve ese recurso es la disponibilidad de alimentos abundantes y saludables. Esa disponibilidad de alimentos está siendo amenazada hoy más que nunca a nivel global por numerosos factores tal como el cambio climático, el crecimiento poblacional, la especulación de la comida, la destrucción de terrenos agrícolas al destinarlos a potros usos y la producción de biocombustibles. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reportado que actualmente las reservas mundiales de alimentos se encuentran en sus niveles más bajos en los últimos 40 años. En un informe publicado en octubre del 2012 la ONU declara que si en este año se continúan experimentando patrones anormales en el clima el mundo podría experimentar una crisis alimentaria sin precedentes. Los científicos apuntan a que la situación alimentaria mundial está lejos de mejorar y que muy por el contrario continuará agudizándose en el futuro cercano. El índice de precios de alimentos, el cual es una medida ponderada de los precios de exportación de los principales productos alimentarios, ha alcanzado en los últimos 3 años valores records. Ante las amenazas que existen a nivel global para el Sistema agro alimentario distintos organismos internacionales, tales como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2007), la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina (2009), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Banco Mundial (2011) han exhortado a que cada país establezca políticas de seguridad alimentaria. Han advertido también que los precios de los alimentos básicos se duplicarán para el año 2030 y la producción de alimentos se reducirá en un 25 % limitando aun más la disponibilidad de comida. La fragilidad del sistema alimentario del cual dependemos para abastecernos en más de un 85% de los alimentos que consumimos nos impone hoy más que nunca la obligación de producir localmente nuestros propios alimentos y comenzar a recorrer el camino de la seguridad alimentaria. Ante este panorama de emergencia, los países del mundo están tomando medidas de contingencia definidas. Los países exportadores de alimentos han comenzado a limitar sus exportaciones a países como Puerto Rico, esto con la intención de asegurar el abasto de alimento necesario para alimentar a su población. Incluso, ha surgido un fenómeno bautizado como la “Fiebre de los Cultivos” en donde países con grandes limitaciones de terreno han comenzado ha adquirir tierras en el extranjero para la producción de alimentos y de esa forma asegurar el suministro de comida de su población.

Conscientes de la problemática que representa la alta dependencia al petróleo valoramos el ánimo fundamental de la Ley 82 del 2010 para crear política pública encaminada a la diversificación de las fuentes de energía y establecer unas metas a mediano y largo plazo. No obstante, el desarrollo de proyectos de energía alterna deben suscribirse estrictamente a un verdadero desarrollo sustentable de país. Los primeros proyectos industriales de producción de energía renovable en la Isla, algunos de ellos muy sonados, y muchos otros proyectos propuestos están siendo planteados a desarrollarse sobre terreno vital para la agricultura. La ONU define el desarrollo sostenible como “aquel desarrollo en el que se busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer adversamente el potencial de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. La Ley número 82 del 2010 hace referencia en innumerables instancias al término energía renovable sostenible. En apego al término expresado en la mencionada ley y a la definición de desarrollo sostenible expresamos que es totalmente incompatible el desarrollo de proyectos industriales de energía renovable a expensas de la destrucción de un recurso no-renovable de alto valor como lo son las tierras agrícolas y en detrimento del potencial del país para producir sus propios alimentos. Se estima que una pulgada de terreno fértil toma de 500-1000 años en formarse mediante procesos bio-geo-químicos complejos. El recurso tierra presenta otra característica que debe considerarse explícitamente cuando se toman decisiones sobre su uso o cambio en uso. Se trata de la irreversibilidad en uso que adviene con aquellos usos que incluyen transformar los servicios que se obtienen de los terrenos a unos incompatibles con las actividades agrícolas. Permitirlo propicia que la base sobre la cual podemos sostener la producción de alimentos se transforme de manera irreversible y se limiten las opciones futuras. El balance racional entre el desarrollo urbano e industrial y el desarrollo agrícola se quebrantó hace muchísimo tiempo en gran desventaja para la agricultura y la capacidad de nuestro pueblo de producir su propia comida. De acuerdo al Censo Agrícola Federal, en tan solo 5 años, en el periodo entre 2002 al 2007, se perdió cerca del 20 % (133,150 cuerdas) de las tierras agrícolas del país. Se estima que de continuar la tendencia, Puerto Rico podría perder la totalidad de sus tierras agrícolas en el transcurso de las próximas dos décadas. Para satisfacer la demanda alimentaria local se necesitan entre 1.4 a 5 millones de cuerdas de terreno de las cuales solo quedan disponibles menos de 557,528 según el último Censo Agrícola. Un verdadero desarrollo sostenible debe contemplar, defender y desarrollar el potencial del país para producir sus propios alimentos y asegurar el sustento alimentario para las futuras generaciones. A manera de ejemplo, actualmente uno de los proyectos industriales de energía renovable que desplazó 120 cuerdas de tierras agrícolas produce unos 20 megavatios de energía eléctrica. En esas mismas 120 cuerdas de terreno pudieran estar produciéndose en cada ciclo de cosecha cerca de 3.6 millones de plátanos, 1.9 millones de libras de ñame, 2.2 millones de libras de yautía, 3.7 millones de libras de batata, 4.5 millones de libras de berenjena o 3.6 millones de libras de sandía según material técnico de la Facultad de Ciencias Agrícolas del RUM.

Desde una perspectiva ambiental y en el mismo ánimo en el que se promueve el desarrollo de energía renovable para reducir el impacto ecológico y disminuir la producción de gases de invernadero, la preservación de las tierras y el desarrollo agrícola local en sí mismo es la primera vía para reducir la huella humana sobre el ambiente. Reportes de la Universidad de Iowa sugieren que la producción local de alimentos tiene el potencial de reducir de 5-17 veces el consumo de combustible y de 5-17 veces las emisiones de dióxido de carbono en la cadena de producción de alimentos. Basados en un calculo conservador comparativo con Inglaterra, Puerto Rico emite cerca de 1.3 millones de toneladas de dióxido de carbono debido a la importación de alimentos que pudieran estar produciéndose localmente. La producción sustentable y local de alimentos eliminaría toda la huella ecológica asociada al transporte de alimentos a la isla. En promedio, los alimentos viajan en barco cerca de 1,310 millas hasta llegar a los puertos de la isla. Más aún, el segundo proveedor de alimentos de Puerto Rico es China con una ruta comercial de más de 10,000 millas.

Más aún desde una perspectiva comunitaria, es necesario que las poblaciones de los diversos sectores geográficos de nuestra sociedad tengan acceso a información, datos y documentos así como a participar en todas las acciones y medidas que puedan afectar sus vidas, la cotidianidad, convivencia y el desarrollo socio-económico-cultural. En el año 1960 la Organización de Naciones Unidas estableció los Principios del Desarrollo de las Comunidades que señalan como fundamental que las actividades del estado deberán estar dirigidas a satisfacer las necesidades expresadas por la población de las comunidades, desde una acción concertada, con la participación de líderes locales, jóvenes y mujeres con mayor participación en asuntos de gobierno (ONU: 1960). Por tal razón, los procesos organizativos y de planificación del estado han de redundar en mayor autonomía y responsabilidad de las comunidades, convirtiéndoles en actores activos en la transformación de las mismas desde la búsqueda del bien común. El cambio de uso de los terrenos de alto valor agrícola a otros usos (incluyendo la generación de energía renovable), atenta contra esta autonomía comunitaria necesaria para el pleno disfrute de una vida digna y la seguridad alimentaria.

Por otro lado, la Ley Núm. 82-2010 presenta otras complicaciones. Dicho estatuto obliga a los productores de energía a que un porcentaje mínimo de la generación se produzca con fuentes de energía renovable o “energía renovable alterna”. Esto crea un mercado a través del cual un generador específico puede comprarle cierta cantidad de energía de este tipo a productores privados. Este incentivo, junto a la designada emergencia energética, ha tenido el efecto de desparramar este tipo de proyectos en lugares no ideales como algunos lo han sido los terrenos agrícolas de nuestro país y con poquísima, si alguna, participación ciudadana. Además, la ley incluye la incineración (conversión de desperdicios sólidos) como una fuente de energía renovable alterna, que forma parte de la cartera de energía de la legislación. Es de conocimiento que la incineración de desperdicios sólidos trae altos riesgos para la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Este dato abriría la puerta a que un generador cumpla con su cuota de energía renovable comprando los créditos de energía producida mediante la incineración. Por último, la Ley Núm. 82-2010 derogó la Ley Núm. 246-2008, mejor conocida como la Ley de Mitigación de Calentamiento Global en Puerto Rico. Esta legislación establecía como meta clara el deber de la Autoridad de Energía Eléctrica de reducir la dependencia al petróleo en un (50%) cincuenta por ciento y buscar fuentes de energía renovable alternas para el año 2010. Además, incluía muchísimas metas y responsabilidades específicas par las diferentes agencias gubernamentales, y hasta incluía un programa de educación escolar en las escuelas donde se enseñaran las causas, efectos y prevención del calentamiento global. Sin embargo, a pesar de que la vigente Ley Núm. 82-2010 detalla más sobre los proyectos de energía renovable, igualmente no atiende debidamente algunos aspectos importantes de planificación, modos de producción y designación de espacios para este tipo de proyectos.

El país no admite mayor pérdida de terrenos agrícolas si aspiramos a un verdadero desarrollo sustentable donde la producción de alimentos esté en manos de los Puertorriqueños. Por las razones antes expuestas el desarrollo de energía renovable no puede ser a expensas de las tierras agrícolas, pues la producción de alimentos en sí mismo es la energía que mueve al país. La política pública del gobierno debe ser explícitamente clara en que la producción de energía no puede representar la pérdida de tierras ni oponerse al desarrollo agrícola. Existen alternativas y tecnologías apropiadas para el desarrollo de proyectos de energía renovable fuera de tierras agrícolas y socialmente compatibles. La agricultura es una actividad esencial para todos los países y los seres humanos que en ellos habitamos. Su importancia no admite discusión porque es la fuente de origen del bien económico más importante para los seres humanos: los alimentos.

Por esta razón, recomendamos que se enmiende la Ley Núm. 82-2010 o que se cree nueva legislación para: (1) que se excluyan de los beneficios de la ley aquellos proyectos realizados en tierras agrícolas, (2) se elimine la incineración como fuente de energía renovable alterna, (3) se restablezcan mayores porcentajes de generación de energía renovable en PR, (4) se adopte una política pública agresiva para atender los problemas que presentan el cambio climático y el correlativo aumento en el nivel del mar y (5) todo dentro del marco de un proceso amplio que fomente y garantice la participación ciudadana, incluso más allá del comentario. Entendemos que además podemos promover enmiendas al Reglamento Conjunto, que actualmente permite este tipo de proyecto en terrenos agrícolas. Estas acciones serían más contundentes que la determinación a través de la R de la C 326 para investigar si se implementó o no una ley. Quedamos en completa disposición para redactar trabajos específicos y recomendaciones para los fines antes expuestos.

La Asociación Nacional de Derecho Ambiental, el Comité de Salud Pública y Ambiental del Colegio de Médicos Cirujanos, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (Capítulo de Puerto Rico), la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica, el Comité de Yabucoeños Pro-Calidad de Vida y la Asociación de Estudiantes Agricultores apoyan el contenido y las medidas expuestas en esta ponencia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s