Carta Ciudadana Solicitando el Sobreseimiento del caso de los 6 de Santa Isabel


Exhortamos a todos y todas a suscribir esta carta y enviarla al Lcdo. Richard Rosado Jiménez, Fiscal de Distrito de la Región Judicial de Ponce, con el propósito de poner fin al juicio en contra de los cinco compañeros y una compañera que fueron arrestados y acusados por el artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico (ley tito kayak) por defender nuestro patrimonio agrícola y la seguridad alimentaria del País en el Valle Agrícola del municipio de Santa Isabel.

Esta semana se aprobó el proyecto 230 de la Cámara de Representantes que deroga el mencionado artículo del Código Penal. Véa aquí la noticia. Ahora pasaría al Senado de Puerto Rico. De ser aprobado por el Senado, pasaría para la firma del gobernador, Alejandro García Padilla. Es importante puntualizar que de ser derogado este artículo, el juicio contra nuestro compañeros culminaría, lo que implica un sobreseimiento del caso.

Seamos solidarios con nuestros compañeros y compañera, defendamos nuestros derechos constitucionales, impulsemos una sociedad de mayor democracia y participación. Ayúdanos a ponerle fin a un proceso penal injusto contra ciudadanos y ciudadanas con un gran compromiso por el desarrollo y sostenibilidad agrícola para presentes y futuras generaciones suscribiendo esta carta.

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18 de marzo de 2013

Lcdo. Richard Rosado Jiménez
Fiscal de Distrito
Región Judicial de Ponce
PO Box 7185, Ponce, PR 00732-7185

Estimado Lcdo. Rosado Jiménez:

El 15 de diciembre de 2011, 5 ciudadanos y 1 ciudadana fueron arrestados y procesados en la Región Judicial de Ponce por ejercer su derecho a la libertad de expresión y su deber patriótico de cuidar y preservar nuestros terrenos agrícolas. El doctor Robinson Rodríguez Pérez, el agrónomo Raúl Mari Fernández, los estudiantes Edwin Velázquez González, Rosemarie Vázquez Cruz, Javier Smith Torres y Luis Omar García Mercado están siendo procesados por hechos ocurridos en una servidumbre de paso aledaña a la que hoy se conoce como “finca de los vientos” en la ciudad de Santa Isabel.

Estos seis ciudadanos se dieron cita el pasado 15 de diciembre de 2011 para exigir y hacer valer la Ley Número 242 de 9 de agosto de 2008 que clasifica los municipios comprendidos desde Patillas hasta Sabana Grande como Reserva Agrícola del Sur de Puerto Rico, ejerciendo el derecho que le concede la Constitución de Estados Unidos en su Primera Enmienda y la Constitución de Puerto Rico en el Artículo II, Sección 4, a expresarse libremente y solicitar del Gobierno reparación de agravios. Sin embargo, sus reclamos fueron ignorados por la Policía, quienes procedieron a arrestarlos por alegada violación al Artículo 208-A del Código Penal de 2004.

Este artículo fue creado con el propósito de evitar que la gente proteste, así se desprende de la intención original de la ley. Por tal razón ha sido objeto de debate y desaprobación de diferentes sectores de la población. A finales de este pasado año el Gobernador, Honorable Alejandro García Padilla, dio su palabra a sectores ambientales y ante el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico de derogar este artículo por entenderlo inconstitucional. Actualmente el Senado ha presentado el Proyecto Número 22 y la Cámara de Representantes el Proyecto Número 230, ambos con el propósito de derogar el artículo, hoy reenumerado en el Nuevo Código Penal de 2012 como Artículo 200. El Secretario de Justicia ha propuesto enmendarlo, pues admite que el artículo provoca un “efecto paralizador” en la ciudadanía para manifestarse y ejercer su derecho a la libertad de expresión; por lo que el mismo es inconstitucional.

A esos efectos, dos de los tres poderes de nuestro sistema republicano de gobierno han coincidido en la inconstitucionalidad de la ley según actualmente está redactada.

El proceso por el cual los 6 acusados han atravesado ha sido uno atropellado, donde estos ciudadanos han tenido que acudir al Tribunal Superior de Ponce en unas veintiocho ocasiones, afectando sus vidas, sus trabajos y estudios por el simple hecho de proteger su patrimonio y exigir que se cumpliera con una ley previa a la aprobación del artículo 208-A del Código Penal de 2004.

Por esta razón le solicitamos ordene el sobreseimiento del caso en contra de estos ciudadanos probos. Estos ciudadanos no son criminales; no son culpables de otra cosa que no sea amar profundamente a su país.

Cordialmente,

____________________________

cc: Hon. Alejandro García Padilla
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

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