Se apagan lo molinos, reportaje de El Nuevo Día

28 de mayo de 2013

Se apagan los molinos

molinos santa isabelCuestiones de seguridad las sacan de combate

Juan Alicea, director de la AEE, dijo que en California hubo problemas de seguridad con turbinas como las de Santa Isabel. (Archivo)
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Por Liz Sandra Santiago / puertoricohoy@elnuevodia.com

Las 44 turbinas eólicas ubicadas en Santa Isabel, promocionadas en su inauguración hace siete meses como el proyecto emblemático del paso de la Isla hacia fuentes renovables de energía, están apagadas desde el 15 de este mes por cuestiones de seguridad, confirmó ayer El Nuevo Día.

Matt Dallas, portavoz de Pattern Energy, la empresa que opera la llamada Finca de Viento en Santa Isabel, dijo ayer que la operación se detuvo debido a que el manufacturero lleva a cabo “evaluaciones de seguridad”.

“Esta es una medida de pura precaución y no hay indicación de que (el problema de seguridad que han presentado algunas turbinas similares) afecte las turbinas de Finca de Viento en Santa Isabel. Esperamos que el proyecto vuelva a operar en el futuro cercano”, dijo Dallas, en declaraciones escritas.

Dallas no dio detalles sobre el problema, pero el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Juan Alicea, dijo que tiene información de que hubo “incidentes de seguridad” en el funcionamiento de aparatos similares en California.

Las turbinas, objeto de una encendida controversia desde que la pasada administración anunció su intención de ubicarlas en los terrenos agrícolas más fértiles de todo el país, nunca han funcionado a plena capacidad por falta de viento y su salida del panorama de generación de energía no tiene prácticamente ningún efecto, dijeron ayer Alicea y otros directivos de la AEE.

Capacidad mínima

“A nosotros no nos hace un hueco para nada. Nosotros tenemos exceso de capacidad y suplimos con las unidades generatrices nuestras que están en servicio”, dijo Alicea.

El funcionario dijo que las turbinas solo estaban generando un 20% de su capacidad de 75 megavatios de energía. “Un proyecto de este tipo usualmente se diseña para que genere de un 30% a un 40% de su capacidad máxima y este estaba generando por debajo. Estaba en un 20%. Pero eso no tiene que ver nada con el modelo de las máquinas, eso tiene que ver con la cantidad de viento disponible en la zona”, dijo Alicea.

Según Alicea, Pattern Energy deja de ganar aproximadamente $1.6 millones por cada mes que las turbinas estén apagadas.

Para la AEE, insistió, el que las turbinas estén apagadas no supone ningún problema porque “nosotros no contamos con esa energía. No pagamos capacidad por ella. Eso lo compramos si está disponible, si no está disponible no pagamos nada. Si no producen, no cobran”.

El proyecto genera menos de 3% de la energía del país, dijo Alicea, quien comparó el proyecto con otros que operan en países como Dinamarca, donde la corriente de viento es mayor y aerogeneradores con funciones similares tienen una efectividad de un 30% a un 40%.

“Una planta convencional opera 24 horas al día 365 días al año. Pero esos operan cuando hay viento y esa proporción lo que quiere decir es que genera un 20% de lo que generaría si estuviera generando con el viento a su máxima capacidad 24 horas al día”, añadió Alicea.

El ingeniero Agustín Irizarry, miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, también dijo que la instalación de las turbinas fueron un negocio bueno para el desarrollador y malo para el consumidor.

“Que no este operando dejaría todo más o menos igual para el consumidor”, dijo Irizarry.

¿DESTRUCCIÓN DE HUMEDALES O PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA UN PROYECTO AGRÍCOLA?

guanicaAdjunto el Comunicado de Prensa del Comité para el Desarrollo Sustentable del Valle de Lajas
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24 de mayo de 2013

¿DESTRUCCIÓN DE HUMEDALES O  PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA UN PROYECTO AGRÍCOLA?

Comunicado de prensa

Guánica, Puerto Rico.  El 19 de mayo del corriente supuestos representantes de un Comité en Guánica denunciaron públicamente que el Departamento de Agricultura estaba involucrado en la destrucción de  humedales en el área de la antigua laguna de Guánica dentro de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas.  Hace aproximadamente cuatro semanas la Autoridad de Tierras (AT) comenzó a preparar una de sus fincas en la parte más al noreste de la Reserva  para el desarrollo de varios proyectos agrícolas.  Estos terrenos están clasificados como AR-1; la categoría más estricta dentro de la Reserva Agrícola que identifica terrenos cuyos usos permitidos están restringidos a cosechas agrícolas y a crianza de animales.  El Reglamento que aplica en las Reservas Agrícolas define la clasificación AR-1 como “terrenos de gran productividad o potencial agrícola” y “cuya continuidad y desarrollo para uso agrícola se declara de extrema importancia para el país”.  La AT cuenta con una dispensa para la limpieza de predios y preparación de terrenos.  Nos consta que la limpieza se ha llevado a cabo con buen cuidado de no remover capa superficial de terreno.  Es por todos conocida la necesidad que tiene Puerto Rico de desarrollar su agricultura para contribuir a subsanar la dependencia de alimentos que sufrimos.  Ante una realidad de dependencia extrema de productos importados y de vulnerabilidad alimentaria, resulta lamentable que cuando finalmente se toma una iniciativa asertiva para el desarrollo agrícola del área, personas con intereses contrarios al desarrollo agrícola en el área traten de socavar dichas acciones, recurriendo a  actos de desesperación.  Estas acciones desesperadas ocurren ahora porque los que alegan la supuesta destrucción promueven la inundación de los terrenos agrícolas de la antigua laguna de Guánica y su iniciativa ha confrontado recientemente una oposición firme y organizada.   Un gran número de organizaciones agrícolas de Puerto Rico, se oponen a dicha inundación.

Tenemos que reconocer que quienes principalmente han denunciado el trabajo que la AT lleva a cabo son contratistas que trabajan para agencias federales con intereses de inundar terrenos agrícolas para supuestamente “restaurar” la antigua laguna de Guánica.  Debemos aclarar que esto es lo que verdaderamente hay de fondo en estas denuncias.  El área  que estas personas mencionan que se destruye, quedaría totalmente bajo agua si sus propósitos se cumplen.  Es decir, si se inundara el área de la antigua laguna de Guánica, los humedales que dicen están allí quedarían sumergidos (destruidos) por la inundación – una gran paradoja.  El viernes pasado personas que se identifican como supuestos miembros del “Comité Pro Restauración Laguna de Guánica”, entraron al área de trabajo y tomaron fotos.  Las fotos muestran el área de depósitos de material vegetativo que posteriormente recibió aguas de lluvia o aguas subterráneas.  El área que ellos identifican como humedales no está clasificada como tal, ni tampoco lo están las áreas aledañas. De las especies de árboles que mencionan, muchas no son vegetación de humedales.  Los contratos que la AT sostiene con agricultores del área sirven de evidencia de la actividad agrícola existente en la región.  Finalmente, se debe reconocer que durante la pasada administración de la AT, ésta propuso al Cuerpo de Ingenieros (Corps of Engineers) la creación de un Banco de Mitigación (un humedal) en los terrenos de la antigua laguna de Guánica; en los mismos que hoy se denuncia la supuesta destrucción.  En marzo del 2012, dicho organismo denegó la solicitud al reconocer que dicha acción no es compatible con los usos agrícolas actuales en el área ni con la clasificación de los terrenos.

Las personas que hacen la denuncia — una de los cuales recibe dinero como miembro de una organización de nombre Protectores de Cuencas, Inc., para fomentar la inundación de los terrenos agrícolas del área de la antigua laguna de Guánica – trabajan  con el auspicio de agencias federales y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para alcanzar dicho objetivo.  En el cuatrienio pasado lograron que se aprobara en Cámara y Senado un proyecto conducente a la inundación – en un proceso que marginó a los agricultores del área.  Afortunadamente, el mismo obtuvo un veto de bolsillo y no prosperó.  En marzo del corriente, se presentó en el Senado el proyecto 463, el cual busca nuevamente lograr la inundación del área.  El lenguaje del proyecto manifiesta los prejuicios de quienes lo impulsan.  Se describe a la oposición de la inundación como “detractores”, y que los argumentos que se levantan están hechos por “profesores del Colegio de Mayagüez y agricultores del área”.  Como se verá más adelante, la oposición es mucho más amplia de lo que se pretende reconocer.

Hoy, tras el escudo de una organización comunitaria, pretenden llamarle humedales y bosques a una zona con infraestructura de riego y drenaje, creada en la década de 1950 para remediar los suelos del exceso de sales, mejorar el desagüe de los suelos y reducir la la incidencia de humedad en los suelos.  El drenaje de los terrenos, que incluyen los terrenos de la laguna de Guánica y el Anegado, ocurrió mucho antes de la aprobación de la Ley de Agua Limpia en 1972.  La implicación de esto es que mientras esos terrenos hayan sido utilizados para la producción agrícola, los mismos no están bajo la jurisdicción del Cuerpo de Ingenieros.  En 1999, el reconocimiento del valor agrícola del área, se concretiza a través de la Ley 277, la cual declara los terrenos del Valle como Reserva Agrícola – la primera establecida en Puerto Rico.  Entre los terrenos que se reconocieron como de valor agrícola, en la delimitación establecida por la Junta de Planificación en el 2004, están los que supuestamente se están destruyendo.  Los terrenos de la Autoridad de Tierras son terrenos cuyos fines son estrictamente dirigidos hacia el desarrollo agrícola; precisamente lo que el Departamento de Agricultura persigue al presente.

Los contratistas federales han estado al frente de la iniciativa para lograr que los terrenos agrícolas del área de la antigua laguna de Guánica se excluyan de la Reserva Agrícola y se destinen para ser inundados argumentando que esto significaría una “restauración” de un sistema que existió y que por consiguiente tiene un derecho natural a ser preservado.  La tal “restauración” realmente no existe pues lo que proponen es construir una estructura en concreto que bloquearía el canal de drenaje de la reserva agrícola para mantener un cuerpo de agua con un nivel fijo, Los grupos que impulsan la inundación se basan en estudios de muy limitada profundidad científica que no consideran las serias preocupaciones del sector agrícola en torno al impacto negativo que tendría la acción en la agricultura del área.  Originalmente proponían inundar alrededor de 1,200 cuerdas dentro de la Reserva Agrícola, pero cuando se les señaló el grave daño que causaría, ahora arbitrariamente proponen 600 cuerdas.  Los terrenos que se pretenden inundar forman parte de un área más amplia de alrededor de 4,000 cuerdas de terrenos agrícolas, que el DRNA quiere excluir de la Reserva Agrícola.

Realmente, esto que experimentamos hoy es un choque de visiones acerca de lo que debe ocurrir en el área.   Las preocupaciones del sector agrícola han sido manifestadas en reuniones que citaban los contratistas de las organizaciones federales que apoyan el proyecto, sin embargo, las mismas nunca fueron atendidas.  Hoy, luego de un extenso proceso educativo (que continua) las entidades que se oponen a la inundación son las siguientes:  el Comité para el Desarrollo Sustentable del Valle de Lajas (organización compuesta por agricultores del Valle de Lajas y que sirve de base organizativa en contra de la inundación), el Departamento de Agricultura, la Autoridad de Tierras, el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, los presidentes de las Comisiones de Agricultura en Cámara y Senado, el Decano y Director del Colegio de Ciencias Agrícolas (UPR),  la Puerto Rico Agriculture Biotechnology Industry Association, la Facultad del Colegio de Ciencias Agrícolas, el Cuerpo de Especialistas del Servicio de Extensión Agrícola, la Asociación de Científicos de la Estación Experimental Agrícola, el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, la Asociación de Agentes Agrícolas, y Acción y Reforma Agrícola.  Queda claro entonces que la oposición no meramente consiste de: “profesores del Colegio de Mayagüez y agricultores del área”.

Al presente, contra una organización amplia del sector agrícola que se manifiesta a favor del desarrollo agrícola del área y de la protección de los terrenos agrícolas de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas, los promotores de la inundación recurren a las exageraciones y medias verdades, y hasta la destrucción de propiedad pública cuando debieron desde el principio ampliar el diálogo y reconocer las preocupaciones agrícolas.  El 22 de mayo, uno de los proponentes a sueldo para la inundación, rompió con su vehículo uno de los portones que da paso al área agrícola.  Esta misma persona sirve de asesor al DRNA en la iniciativa para inundar el área. Para acceder al documento que manifiesta el enfoque agrícola en torno al proyecto de inundación de los terrenos agrícolas de la antigua laguna de Guánica puede ir a la siguiente página: http://www.scribd.com/doc/143420184/La-Perspectiva-Agricola-en-Torno-al-Proyecto-de-Inundacion-del-Area-de-la-Antigua-Laguna-de-Guanica La foto que se incluye a continuación muestra los terrenos que se preparan para la actividad agrícola.    Los mismos están clasificados como “Prime Farmland” por  el Natural Resources Conservation Service (NRCS).

Comunicado de Prensa-Destruccion Humedales o Preparacion de Proyecto Agricola GuanicaPerspectivaAgricolaRev1212

Comunicado de Prensa-Destruccion Humedales o Preparacion de Proyecto Agricola

Cabildeo Ciudadano por la derogación de “ley tito kayak”: Exijámosle al gobernador que cumpla su compromiso

El pasado lunes 18 de marzo se aprobó en el Senado el Proyecto de Ley #1 de 2012 que propone la derogación de varios artículos del código penal que laceran, intimidan o criminalizan el derecho a la libre expresión de los ciudadanos.

La medida aprobada incluye la derogación del artículo 200, conocido como la “ley Tito Kayak”. El 13 de marzo se aprobía aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 0230 con el mismo propósito.

Debemos comenzar una campaña para reclamarle al gobernador que firme el proyecto de ley que finalmente salga de la Legislatura y que incluya la derogación del artículo 200 del código penal. Derogar este artículo fue un compromiso del gobernador durante y después de la campaña electoral.

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Puedes llamar a La Fortaleza (787-721-7000), Oficina de Asesor Legal y Legislativo, extensiones 3134 y 3070. Se sugiere un mensaje similar a este:

Mi nombre es _____________________ y resido en el pueblo de _______________________. Mi llamada es referente a la aprobación de la derogación en Cámara y Senado del artículo 200 del código penal, conocido como la “ley Tito Kayak”. Quiero expresarle al Sr. Gobernador mi apoyo a la firma de la derogación de esta ley que criminaliza el derecho a la libre expresión.

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Además puedes escribir al correo electrónico del gobernador. El correo electrónico es gobernador@fortaleza.pr.gov

Si prefieres puedes enviar una carta por correo postal a la siguiente dirección:

La Fortaleza
Oficina de Asesor Legal y Legislativo
PO BOX 9020082 San Juan Puerto Rico 00902-0082

Se sugiere un texto similar a este:

Sr. Gobernador,

En los  próximos días estará en sus manos un proyecto de ley que incluye la  derogación del artículo 200 del código penal conocido como la Ley Tito  Kayak.

El artículo 200 del código penal fue aprobado  por la pasada administración con la intención principal de intimidar el  ejercicio del derecho a la libre expresión ante las actuaciones abusivas  del gobierno de Luis Fortuño.

La inmensa mayoría de  las organizaciones profesionales, estudiantiles y comunitarias que  comparecieron a las vistas públicas de la Cámara de Representantes y el  Senado de Puerto Rico, se expresaron a favor de la derogación de este  artículo.

En este momento 5 ciudadanos y 1 ciudadana enfrentan un proceso judicial en etapa de juicio acusados de violentar el artículo 200. Su único delito fue manifestarse en defensa de las mejores tierras cultivables del país, donde se construyó un gigantesco complejo de molinos de viento en Santa Isabel. De ser encontrados culpables se exponen a una pena de cárcel de hasta 3 años.

Derogar el nefasto artículo 200 del código penal fue un compromiso suyo con el país durante y después de la campaña electoral.

Recientemente  le hemos escuchado plantear la importancia del cumplimiento de “la  palabra empeñada”. Sr Gobernador, cumpla con su palabra. Firme la  derogación del artículo 200 del código penal.

Cordialmente,

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dirección postal, correo electrónico o número de teléfono si quiere ponerlo

“Se quedan cortas las turbinas, no producen la energía prometida”

Compartimos el siguiente artículo publicado hoy, 12 de marzo de 2013, en el periódico El Nuevo Día.
http://www.elnuevodia.com/sequedancortaslasturbinas-1466913.html

El Frente de Rescate Agrícola siempre denunció la errada ubicación de este proyecto, no sólo por la destrucción irreversible de cientos de cuerdas del terreno agrícola más fertil de Puerto Rico y del mundo, sino por la reducción de miles de empleos directos e indirectos asociados con la producción agrícola del Municipio, el impacto adverso en las comunidades aledañas al proyecto por el científicamente estudiado wind-turbine syndrome, el aumento de la inseguridad alimentaria para Puerto Rico por la pérdida del escaso inventario de suelo agrícola que nos queda, entre otros. Ahora, este artículo publicado hoy confirma cada una de nuestras denuncias.

Mientras tanto, como parte de las múltiples denuncias realizadas sobre este proyecto de turbinas eólicas, varios compañeros del Frente de Rescate Agrícola se manifestaron pacíficamente, ejerciendo su derecho constitucional a la libre expresión. Durante la manifestación pacífica, el 11 de diciembre de 2011, seis compañeros fueron arrestados y actualmente están en espera de juicio en el Tribunal de Ponce por alegadamente, según el Ministerio Público, violar el artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico (ley tito kayak). Sabemos, que el artículo 200 es totalmente inconstitucional por criminalizar el ejercio de derechos constitucionales. Nos sentimos honrados y honradas de tener compañeros comprometidos con nuestro patrimonio agrícola y la seguridad alimentaria de las presentes y futuras generaciones. Le agradecemos su gesta en denunciar las injusticias del proyecto de turbinas que se confirma siempre fue y es un error.

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Se quedan cortas las turbinas

No producen la energía prometida

El parque eólico Finca de Viento Santa Isabel ubica en los terrenos agrícolas más fértiles de Puerto Rico.

Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

Aunque llevan tres meses “conectados” a la red de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los 44 aerogeneradores que conforman el proyecto Finca de Viento Santa Isabel no están aportando al sistema los 75 megavatios de “energía limpia” prometidos.

Las enormes turbinas, que capturan la vista de los miles de conductores que a diario transitan por el tramo sur de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), tampoco sirven a los 63,500 clientes que originalmente se dijo, y su costo de producción no es de 12.5 centavos por kilovatio-hora (kWh).

Mapas, documentos de la transición gubernamental y hasta el propio director ejecutivo de la AEE, Juan F. Alicea Flores, confirman estos hechos, que son negados por la empresa Pattern Energy, dueña del parque eólico.

A fin de que los proyectos de energía eólica fueran ubicados adecuadamente, el Departamento federal de Energía categorizó la calidad del viento en la Isla. La agencia federal elaboró un mapa y tipificó la calidad del viento –por áreas geográficas– usando una escala numérica del uno al cinco. En esa escala, el número uno corresponde a los vientos de pobre calidad y el cinco, a los de excelente calidad.

Como bien puede observarse en el mapa, los vientos en el municipio de Santa Isabel son de pobre calidad, ya que su velocidad no excede las 13.2 millas por hora (mph).

Funcionarios de Pattern Energy, no obstante, han dicho que sus aerogeneradores pueden operar con vientos de cinco o seis mph y que su “funcionamiento óptimo” es con vientos de unas 12 mph.

“El viento que sopla en esa zona de la costa sur nos da la estabilidad para producir energía de manera viable. Las horas en que el viento es más fuerte coinciden con las horas pico de energía en la Isla, así que podemos ayudar al sistema de la AEE en los momentos que se necesita esa energía. Hasta el momento, la calidad del viento cumple y supera las expectativas que se tenían”, expresó Collie Powell, gerente de Finca de Viento Santa Isabel.

Pero la historia que cuenta el director ejecutivo de la AEE es otra.

“Es importante que la gente entienda que este tipo de proyecto (eólico) tiene una capacidad efectiva relativamente baja. En promedio, los proyectos de energía eólica operan a un 20% o 25% de su capacidad máxima”, sostuvo Alicea Flores. Dicho en otras palabras, este proyecto diseñado para aportar 75 megavatios al sistema eléctrico en realidad suplirá unos 19 megavatios al día.

VARIAS CONTRADICCIONES

En una presentación dada a la prensa local en octubre pasado, la entonces gerencia de la AEE –Josué Colón y José Ortiz– aseveró que Finca de Viento Santa Isabel generaría 95 megavatios, en horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., entre los meses de febrero a agosto, o sea, actualmente.

En esa misma presentación, Colón y Ortiz informaron que la cantidad de clientes a servir con el parque eólico ascendía a 63,500. Sin embargo, un documento provisto por la AEE durante las vistas de transición gubernamental da cuenta de que los clientes a servir en realidad son 53,500.

Powell, entretanto, precisó que los 75 megavatios que el parque eólico está supuesto a generar equivalen al consumo de 25,000 hogares.

En la presentación también se dijo que el costo por kWh producido en Finca de Viento Santa Isabel sería de 12.5 centavos. Empero, Alicea Flores aclaró que la AEE paga 15 centavos por cada kWh salido del parque eólico. El costo por las unidades generatrices de la AEE fluctúa entre 13 y 20 centavos.

Cuestionado al respecto, Alicea Flores explicó que la diferencia de 2.5 centavos equivale a los “créditos de energía renovable”. Por ley, la AEE está obligada a pagar por esos “créditos”, ya que “no tiene forma” de producir por sí sola la energía que está comprando.

“Yo no soy anti energía renovable. Sin embargo, Puerto Rico no tiene ningún sitio excelente en (calidad de) viento. En ningún sitio es excelente. Por eso, le estoy pidiendo un informe a Pattern Energy para saber cuánto ha sido el promedio que ha generado (el proyecto) desde que está en operación. Tengo curiosidad”, dijo Alicea Flores.

“Si me dijeras que los 75 megavatios son de forma continua, eso es bueno. Pero no es bueno tener 75 megavatios ahora, luego 15 y luego 30. Eso me mantiene en una encrucijada porque tengo que seguir (produciendo energía) quemando combustible en mis unidades. Tengo que seguir quemando combustible para poder responder cuando la energía renovable no esté”, agregó el funcionario. Por su parte, el portavoz del Frente de Rescate Agrícola (FRA), Ian Pagán Roig, recalcó que la ubicación del proyecto siempre fue cuestionable.

“Se supone que el modelo de las turbinas se adapte a las condiciones del lugar de ubicación. El modelo de las turbinas de Santa Isabel es uno de los más grandes y nunca hubo certeza de que allí había buen viento. Los estudios (de calidad de viento) que hizo Pattern Energy nunca fueron públicos”, denunció Pagán Roig, quien fue uno de los seis arrestados el 15 de diciembre de 2011 mientras se manifestaban frente a una de las entradas del parque eólico.

De hecho, el juicio en su fondo contra los seis arrestados quedó ayer pospuesto para pasado mañana en el Tribunal de Ponce. A todos se les acusa por violar el Artículo 200 del nuevo Código Penal, popularmente conocido como la Ley Tito Kayak, que establece como delito grave de cuarto grado la obstrucción y paralización de obras de construcción.

IMPACTO AGRÍCOLA

Otro aspecto que desde el principio le jugó en contra al parque eólico fue el impacto que suponía su construcción, ya que está ubicado en una finca agrícola considerada una de las más fértiles del país y del mundo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) planteó que solo el 11% de la tierra en el mundo es arable y, de esa cantidad, el 3% es suelo primordial. De acuerdo con el sociólogo rural Robinson Rodríguez –otro de los seis arrestados–, las tierras agrícolas de Santa Isabel son parte de ese 3% porque pueden sembrarse en múltiples épocas y su suelo es de excelente calidad por su humedad, acidez y temperatura.

“En esos terrenos agrícolas, que están entre los mejores del mundo, laboran 3,800 obreros, por lo que son una fuente importante de empleo. Pero Pattern Energy vino únicamente para capitalizar en la construcción. Obtuvo un contrato de más de $200 millones para venderle energía a la AEE por 20 años. Si las turbinas se pierden ahora, ya no importa… ya ellos generaron sus ganancias”, soltó Rodríguez.

En tono similar se expresó el agrónomo Javier González, quien denunció que la construcción de Finca de Viento Santa Isabel va en contra de la Ley 242-2008, que creaba el Corredor Agrícola del Sur. “Se supone que el corredor estuviera delimitado entre Arroyo y Sabana Grande a un año de la aprobación de la ley, pero la Junta de Planificación aún no ha hecho vistas públicas para concretarlo”, lamentó.

Powell, por su parte, afirmó que una vez finalizado el proceso de instalación de los 44 aerogeneradores se afectaron 21 cuerdas de terreno agrícola, es decir, el 0.5% del área estudiada para el proyecto (unas 3,700 cuerdas). Alegó que hay “nuevos agricultores” ocupando los terrenos disponibles en el proyecto.