Se apagan lo molinos, reportaje de El Nuevo Día

28 de mayo de 2013

Se apagan los molinos

molinos santa isabelCuestiones de seguridad las sacan de combate

Juan Alicea, director de la AEE, dijo que en California hubo problemas de seguridad con turbinas como las de Santa Isabel. (Archivo)
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Por Liz Sandra Santiago / puertoricohoy@elnuevodia.com

Las 44 turbinas eólicas ubicadas en Santa Isabel, promocionadas en su inauguración hace siete meses como el proyecto emblemático del paso de la Isla hacia fuentes renovables de energía, están apagadas desde el 15 de este mes por cuestiones de seguridad, confirmó ayer El Nuevo Día.

Matt Dallas, portavoz de Pattern Energy, la empresa que opera la llamada Finca de Viento en Santa Isabel, dijo ayer que la operación se detuvo debido a que el manufacturero lleva a cabo “evaluaciones de seguridad”.

“Esta es una medida de pura precaución y no hay indicación de que (el problema de seguridad que han presentado algunas turbinas similares) afecte las turbinas de Finca de Viento en Santa Isabel. Esperamos que el proyecto vuelva a operar en el futuro cercano”, dijo Dallas, en declaraciones escritas.

Dallas no dio detalles sobre el problema, pero el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Juan Alicea, dijo que tiene información de que hubo “incidentes de seguridad” en el funcionamiento de aparatos similares en California.

Las turbinas, objeto de una encendida controversia desde que la pasada administración anunció su intención de ubicarlas en los terrenos agrícolas más fértiles de todo el país, nunca han funcionado a plena capacidad por falta de viento y su salida del panorama de generación de energía no tiene prácticamente ningún efecto, dijeron ayer Alicea y otros directivos de la AEE.

Capacidad mínima

“A nosotros no nos hace un hueco para nada. Nosotros tenemos exceso de capacidad y suplimos con las unidades generatrices nuestras que están en servicio”, dijo Alicea.

El funcionario dijo que las turbinas solo estaban generando un 20% de su capacidad de 75 megavatios de energía. “Un proyecto de este tipo usualmente se diseña para que genere de un 30% a un 40% de su capacidad máxima y este estaba generando por debajo. Estaba en un 20%. Pero eso no tiene que ver nada con el modelo de las máquinas, eso tiene que ver con la cantidad de viento disponible en la zona”, dijo Alicea.

Según Alicea, Pattern Energy deja de ganar aproximadamente $1.6 millones por cada mes que las turbinas estén apagadas.

Para la AEE, insistió, el que las turbinas estén apagadas no supone ningún problema porque “nosotros no contamos con esa energía. No pagamos capacidad por ella. Eso lo compramos si está disponible, si no está disponible no pagamos nada. Si no producen, no cobran”.

El proyecto genera menos de 3% de la energía del país, dijo Alicea, quien comparó el proyecto con otros que operan en países como Dinamarca, donde la corriente de viento es mayor y aerogeneradores con funciones similares tienen una efectividad de un 30% a un 40%.

“Una planta convencional opera 24 horas al día 365 días al año. Pero esos operan cuando hay viento y esa proporción lo que quiere decir es que genera un 20% de lo que generaría si estuviera generando con el viento a su máxima capacidad 24 horas al día”, añadió Alicea.

El ingeniero Agustín Irizarry, miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, también dijo que la instalación de las turbinas fueron un negocio bueno para el desarrollador y malo para el consumidor.

“Que no este operando dejaría todo más o menos igual para el consumidor”, dijo Irizarry.

Cabildeo Ciudadano por la derogación de “ley tito kayak”: Exijámosle al gobernador que cumpla su compromiso

El pasado lunes 18 de marzo se aprobó en el Senado el Proyecto de Ley #1 de 2012 que propone la derogación de varios artículos del código penal que laceran, intimidan o criminalizan el derecho a la libre expresión de los ciudadanos.

La medida aprobada incluye la derogación del artículo 200, conocido como la “ley Tito Kayak”. El 13 de marzo se aprobía aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 0230 con el mismo propósito.

Debemos comenzar una campaña para reclamarle al gobernador que firme el proyecto de ley que finalmente salga de la Legislatura y que incluya la derogación del artículo 200 del código penal. Derogar este artículo fue un compromiso del gobernador durante y después de la campaña electoral.

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Puedes llamar a La Fortaleza (787-721-7000), Oficina de Asesor Legal y Legislativo, extensiones 3134 y 3070. Se sugiere un mensaje similar a este:

Mi nombre es _____________________ y resido en el pueblo de _______________________. Mi llamada es referente a la aprobación de la derogación en Cámara y Senado del artículo 200 del código penal, conocido como la “ley Tito Kayak”. Quiero expresarle al Sr. Gobernador mi apoyo a la firma de la derogación de esta ley que criminaliza el derecho a la libre expresión.

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Además puedes escribir al correo electrónico del gobernador. El correo electrónico es gobernador@fortaleza.pr.gov

Si prefieres puedes enviar una carta por correo postal a la siguiente dirección:

La Fortaleza
Oficina de Asesor Legal y Legislativo
PO BOX 9020082 San Juan Puerto Rico 00902-0082

Se sugiere un texto similar a este:

Sr. Gobernador,

En los  próximos días estará en sus manos un proyecto de ley que incluye la  derogación del artículo 200 del código penal conocido como la Ley Tito  Kayak.

El artículo 200 del código penal fue aprobado  por la pasada administración con la intención principal de intimidar el  ejercicio del derecho a la libre expresión ante las actuaciones abusivas  del gobierno de Luis Fortuño.

La inmensa mayoría de  las organizaciones profesionales, estudiantiles y comunitarias que  comparecieron a las vistas públicas de la Cámara de Representantes y el  Senado de Puerto Rico, se expresaron a favor de la derogación de este  artículo.

En este momento 5 ciudadanos y 1 ciudadana enfrentan un proceso judicial en etapa de juicio acusados de violentar el artículo 200. Su único delito fue manifestarse en defensa de las mejores tierras cultivables del país, donde se construyó un gigantesco complejo de molinos de viento en Santa Isabel. De ser encontrados culpables se exponen a una pena de cárcel de hasta 3 años.

Derogar el nefasto artículo 200 del código penal fue un compromiso suyo con el país durante y después de la campaña electoral.

Recientemente  le hemos escuchado plantear la importancia del cumplimiento de “la  palabra empeñada”. Sr Gobernador, cumpla con su palabra. Firme la  derogación del artículo 200 del código penal.

Cordialmente,

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dirección postal, correo electrónico o número de teléfono si quiere ponerlo

“Se quedan cortas las turbinas, no producen la energía prometida”

Compartimos el siguiente artículo publicado hoy, 12 de marzo de 2013, en el periódico El Nuevo Día.
http://www.elnuevodia.com/sequedancortaslasturbinas-1466913.html

El Frente de Rescate Agrícola siempre denunció la errada ubicación de este proyecto, no sólo por la destrucción irreversible de cientos de cuerdas del terreno agrícola más fertil de Puerto Rico y del mundo, sino por la reducción de miles de empleos directos e indirectos asociados con la producción agrícola del Municipio, el impacto adverso en las comunidades aledañas al proyecto por el científicamente estudiado wind-turbine syndrome, el aumento de la inseguridad alimentaria para Puerto Rico por la pérdida del escaso inventario de suelo agrícola que nos queda, entre otros. Ahora, este artículo publicado hoy confirma cada una de nuestras denuncias.

Mientras tanto, como parte de las múltiples denuncias realizadas sobre este proyecto de turbinas eólicas, varios compañeros del Frente de Rescate Agrícola se manifestaron pacíficamente, ejerciendo su derecho constitucional a la libre expresión. Durante la manifestación pacífica, el 11 de diciembre de 2011, seis compañeros fueron arrestados y actualmente están en espera de juicio en el Tribunal de Ponce por alegadamente, según el Ministerio Público, violar el artículo 200 del Código Penal de Puerto Rico (ley tito kayak). Sabemos, que el artículo 200 es totalmente inconstitucional por criminalizar el ejercio de derechos constitucionales. Nos sentimos honrados y honradas de tener compañeros comprometidos con nuestro patrimonio agrícola y la seguridad alimentaria de las presentes y futuras generaciones. Le agradecemos su gesta en denunciar las injusticias del proyecto de turbinas que se confirma siempre fue y es un error.

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Se quedan cortas las turbinas

No producen la energía prometida

El parque eólico Finca de Viento Santa Isabel ubica en los terrenos agrícolas más fértiles de Puerto Rico.

Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

Aunque llevan tres meses “conectados” a la red de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los 44 aerogeneradores que conforman el proyecto Finca de Viento Santa Isabel no están aportando al sistema los 75 megavatios de “energía limpia” prometidos.

Las enormes turbinas, que capturan la vista de los miles de conductores que a diario transitan por el tramo sur de la autopista Luis A. Ferré (PR-52), tampoco sirven a los 63,500 clientes que originalmente se dijo, y su costo de producción no es de 12.5 centavos por kilovatio-hora (kWh).

Mapas, documentos de la transición gubernamental y hasta el propio director ejecutivo de la AEE, Juan F. Alicea Flores, confirman estos hechos, que son negados por la empresa Pattern Energy, dueña del parque eólico.

A fin de que los proyectos de energía eólica fueran ubicados adecuadamente, el Departamento federal de Energía categorizó la calidad del viento en la Isla. La agencia federal elaboró un mapa y tipificó la calidad del viento –por áreas geográficas– usando una escala numérica del uno al cinco. En esa escala, el número uno corresponde a los vientos de pobre calidad y el cinco, a los de excelente calidad.

Como bien puede observarse en el mapa, los vientos en el municipio de Santa Isabel son de pobre calidad, ya que su velocidad no excede las 13.2 millas por hora (mph).

Funcionarios de Pattern Energy, no obstante, han dicho que sus aerogeneradores pueden operar con vientos de cinco o seis mph y que su “funcionamiento óptimo” es con vientos de unas 12 mph.

“El viento que sopla en esa zona de la costa sur nos da la estabilidad para producir energía de manera viable. Las horas en que el viento es más fuerte coinciden con las horas pico de energía en la Isla, así que podemos ayudar al sistema de la AEE en los momentos que se necesita esa energía. Hasta el momento, la calidad del viento cumple y supera las expectativas que se tenían”, expresó Collie Powell, gerente de Finca de Viento Santa Isabel.

Pero la historia que cuenta el director ejecutivo de la AEE es otra.

“Es importante que la gente entienda que este tipo de proyecto (eólico) tiene una capacidad efectiva relativamente baja. En promedio, los proyectos de energía eólica operan a un 20% o 25% de su capacidad máxima”, sostuvo Alicea Flores. Dicho en otras palabras, este proyecto diseñado para aportar 75 megavatios al sistema eléctrico en realidad suplirá unos 19 megavatios al día.

VARIAS CONTRADICCIONES

En una presentación dada a la prensa local en octubre pasado, la entonces gerencia de la AEE –Josué Colón y José Ortiz– aseveró que Finca de Viento Santa Isabel generaría 95 megavatios, en horario de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., entre los meses de febrero a agosto, o sea, actualmente.

En esa misma presentación, Colón y Ortiz informaron que la cantidad de clientes a servir con el parque eólico ascendía a 63,500. Sin embargo, un documento provisto por la AEE durante las vistas de transición gubernamental da cuenta de que los clientes a servir en realidad son 53,500.

Powell, entretanto, precisó que los 75 megavatios que el parque eólico está supuesto a generar equivalen al consumo de 25,000 hogares.

En la presentación también se dijo que el costo por kWh producido en Finca de Viento Santa Isabel sería de 12.5 centavos. Empero, Alicea Flores aclaró que la AEE paga 15 centavos por cada kWh salido del parque eólico. El costo por las unidades generatrices de la AEE fluctúa entre 13 y 20 centavos.

Cuestionado al respecto, Alicea Flores explicó que la diferencia de 2.5 centavos equivale a los “créditos de energía renovable”. Por ley, la AEE está obligada a pagar por esos “créditos”, ya que “no tiene forma” de producir por sí sola la energía que está comprando.

“Yo no soy anti energía renovable. Sin embargo, Puerto Rico no tiene ningún sitio excelente en (calidad de) viento. En ningún sitio es excelente. Por eso, le estoy pidiendo un informe a Pattern Energy para saber cuánto ha sido el promedio que ha generado (el proyecto) desde que está en operación. Tengo curiosidad”, dijo Alicea Flores.

“Si me dijeras que los 75 megavatios son de forma continua, eso es bueno. Pero no es bueno tener 75 megavatios ahora, luego 15 y luego 30. Eso me mantiene en una encrucijada porque tengo que seguir (produciendo energía) quemando combustible en mis unidades. Tengo que seguir quemando combustible para poder responder cuando la energía renovable no esté”, agregó el funcionario. Por su parte, el portavoz del Frente de Rescate Agrícola (FRA), Ian Pagán Roig, recalcó que la ubicación del proyecto siempre fue cuestionable.

“Se supone que el modelo de las turbinas se adapte a las condiciones del lugar de ubicación. El modelo de las turbinas de Santa Isabel es uno de los más grandes y nunca hubo certeza de que allí había buen viento. Los estudios (de calidad de viento) que hizo Pattern Energy nunca fueron públicos”, denunció Pagán Roig, quien fue uno de los seis arrestados el 15 de diciembre de 2011 mientras se manifestaban frente a una de las entradas del parque eólico.

De hecho, el juicio en su fondo contra los seis arrestados quedó ayer pospuesto para pasado mañana en el Tribunal de Ponce. A todos se les acusa por violar el Artículo 200 del nuevo Código Penal, popularmente conocido como la Ley Tito Kayak, que establece como delito grave de cuarto grado la obstrucción y paralización de obras de construcción.

IMPACTO AGRÍCOLA

Otro aspecto que desde el principio le jugó en contra al parque eólico fue el impacto que suponía su construcción, ya que está ubicado en una finca agrícola considerada una de las más fértiles del país y del mundo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) planteó que solo el 11% de la tierra en el mundo es arable y, de esa cantidad, el 3% es suelo primordial. De acuerdo con el sociólogo rural Robinson Rodríguez –otro de los seis arrestados–, las tierras agrícolas de Santa Isabel son parte de ese 3% porque pueden sembrarse en múltiples épocas y su suelo es de excelente calidad por su humedad, acidez y temperatura.

“En esos terrenos agrícolas, que están entre los mejores del mundo, laboran 3,800 obreros, por lo que son una fuente importante de empleo. Pero Pattern Energy vino únicamente para capitalizar en la construcción. Obtuvo un contrato de más de $200 millones para venderle energía a la AEE por 20 años. Si las turbinas se pierden ahora, ya no importa… ya ellos generaron sus ganancias”, soltó Rodríguez.

En tono similar se expresó el agrónomo Javier González, quien denunció que la construcción de Finca de Viento Santa Isabel va en contra de la Ley 242-2008, que creaba el Corredor Agrícola del Sur. “Se supone que el corredor estuviera delimitado entre Arroyo y Sabana Grande a un año de la aprobación de la ley, pero la Junta de Planificación aún no ha hecho vistas públicas para concretarlo”, lamentó.

Powell, por su parte, afirmó que una vez finalizado el proceso de instalación de los 44 aerogeneradores se afectaron 21 cuerdas de terreno agrícola, es decir, el 0.5% del área estudiada para el proyecto (unas 3,700 cuerdas). Alegó que hay “nuevos agricultores” ocupando los terrenos disponibles en el proyecto.

Seminario Especial sobre nuevo proyecto en Terrenos Agrícolas

El gobierno insiste en construir complejos industriales de producción de energía sobre tierras agrícolas. ¿Cuáles son los impactos en la agricultura? Este próximo martes en el RUM. ¡Sé parte de las soluciones!

Fecha: martes, 20 de noviembre de 2012 (10:45 am)

Lugar: UPR-Mayaguez (P206)

IMPORTANTE: Las Vistas Públicas para este proyecto están pautadas para el 28 de noviembre de 2012 a las 2:00 PM en el Salón de Bellas Artes, Calle Hostos #3 Santa Isabel.

Rechazan Proceso Judicial Injusto

Foto de Amy Hernández, Frente al Tribunal de Ponce

Las 6 personas arrestadas el 15 de diciembre de 2011, en la Reserva Agrícola de Santa Isabel, por defender la soberanía alimentaria de Puerto Rico, han decidido renunciar al proceso de Vista Preliminar (VP) por considerarlo un proceso que se ha llevado de una forma amañada y pro forma. La decisión tomada la expresarán en la vista señalada para el viernes 10 de agosto a las 10:00 am. “El mismo tribunal ha violentado nuestro derecho de tener una justa Vista Preliminar, cuando el juez que preside la vista, Javier Varela Rivera sirvió de asesor de Figueroa Sancha cuando era superintendente de la Policía y es el propio Figueroa Sancha quién provee los servicios de seguridad a Pattern Energy. Aquí hay un evidente conflicto de interés que hubiera llevado a cualquier persona imparcial a inhibirse del proceso. Ahora queremos que sea el pueblo quien juzgue si defender pacíficamente los terrenos agrícolas y la capacidad de producir nuestra comida es un delito criminal. Le retiramos la confianza al proceso judicial que junto al gobierno de Luis Fortuño y Rivera Shatz quieren callar las voces de quienes protestamos por el bien común”, declaró el Dr. Robinson Rodríguez Pérez, profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez e imputado.

“Una y otra vez hemos presenciado la farsa de los procesos judiciales que sólo han sido pro forma. Al encontrar causa probable durante la Regla 6 en Alzada, la Juez Gladys González (quien a su vez fue directora ejecutiva de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado bajo Rivera Schatz) revocó la decisión anterior de la Juez Zoraida Lamboy quien reconoció el derecho a manifestarse como un derecho constitucional” señaló el agrónomo y estudiante graduado de la UPR, Raúl Mari Fernández. “Cuando la juez González encontró ‘causa probable’, esto nos dejó ver la evidente doble vara del sistema judicial, que ignora la justicia por favorecer los intereses económicos de pocas personas. También sentó las bases de la criminalización de la protesta, rechazando completamente el derecho de la libertad de expresión que salvaguarda la constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos,” añadió Mari Fernández.

“La Vista Preliminar ha sido el foro donde más hemos presenciado la corrupción del proceso. El Juez Varela ha mostrado que la decisión está tomada de antemano por varias acciones. Se refirió a los arrestados como delincuentes y acusados, al comienzo de este proceso, cuando aún estamos en vista preliminar y todavía no estamos acusados de ningún delito. El juez no es imparcial ni objetivo. En varias ocasiones ha resuelto planteamientos de derecho de manera viciada. Por ejemplo, la defensa solicitó la inhibición del juez por falta de imparcialidad y la ley estipula que sea otro juez quien canalice esta moción, pero el mismo Juez Varela resolvió ‘no a lugar’ ignorando los debidos procesos de ley” enfatizó Luis Omar García, otro de los imputados.

Varela, además, falló en contra de los planteamientos de la defensa quienes demostraron la inconstitucionalidad del artículo 208 (a), pues la amplitud del 208 (a) hasta criminaliza las huelgas obreras que paralicen un proyecto de construcción, como una huelga portuaria, por ejemplo. Con esta acción Varela pretende validar las pretensiones del gobierno de Luis Fortuño y Rivera Schatz de ejercer poder ilimitado al no establecer límites a la capacidad del estado de regular el espacio, lugar o la manera de ejercer el derecho a la libre expresión. “Evidentemente, nos han quitado la parte de libertad en el derecho de la libertad de expresión, porque el gobierno decide de forma totalitaria cuándo, dónde y cómo podemos manifestar nuestros reclamos”, reclamó Edwin Velázquez González estudiante de agricultura de la UPRM.

Van ocho meses del proceso, que la imputada y los imputados denominan de injusto y corrupto. “Nos sentimos en la obligación de responder y protestar ante este sistema judicial saturado de politiquería. Ya no lo reconocemos como justo y democrático. Ahora más que nunca entendemos que la enmienda 208 (a) y el nuevo código penal sólo protegen los intereses de pocas personas, entregándole al sector privado adinerado los recursos del pueblo. Por eso el gobierno de turno necesita criminalizar a quienes pensamos diferente y defendemos nuestro derecho a reclamar. Es un intento de intimidar a la gente y de adelantar la agenda y los bolsillos de los grandes intereses” continuó el Dr. Rodríguez Pérez.

La pena fija por violaciones al artículo 208(a) es de 6 meses a 3 años de cárcel. La arrestada y los arrestados nos reafirmamos en que defender la Ley 242 del 2008 que designa los terrenos agrícolas de Santa Isabel como parte de la Reserva Agrícola de la Costa Sur de Puerto Rico, proteger las tierras de mayor valor agrícola que son propiedad del pueblo, defender la soberanía alimentaria y el ejercer el derecho a protestar pacíficamente no constituye delito. Todo lo contrario, es un elemento fundamental de toda sociedad democrática. Javier Smith, estudiante de economía de la UPRM y uno de los arrestados manifestó de forma reflexiva que “ahora entendemos que la 208 (a) es sólo el inicio. Pues las enmiendas al Código Penal también violentan y criminalizan la defensa de nuestros trabajos, de nuestra educación, de la destrucción ambiental, en fin de nuestro derecho a disentir, a no estar de acuerdo, a cuestionar al gobierno cuando este no actúa en beneficio del pueblo. Desde el 1 de septiembre, serán criminales quienes protesten y luchen por visibilizar la opresión que vive el 99%. Exhortamos a que así como no vamos a reconocer este proceso injusto en que nos encontramos, todo el que lucha tampoco debe reconocer las enmiendas al código penal. No somos criminales, criminales son los funcionarios públicos que corrompen el sistema” concluyó Smith.

“No podemos seguir permitiendo que nos callen y logren criminalizar la protesta cuando los cambios sociales se han logrado precisamente luchando en la calle, reclamando, exigiendo y participando de la toma de decisiones. Por eso, rechazamos el proceso judicial a puerta cerrada, sólo reconoceremos los espacios donde pese más la voz del pueblo. Hoy le negamos la supremacía al sistema judicial y al gobierno de turno para pedirle al pueblo de Puerto Rico que sea él el que juzgue por sí mismo si defender nuestras tierras, nuestra agricultura, nuestras playas, nuestros derechos y exigir una sociedad más justa es un acto criminal.” Concluyó la estudiante graduada Rosemarie Vásquez Cruz, también imputada del caso.
La lectura de acusación será el 17 de agosto. El juicio en su fondo comenzará el 5 de agosto.

Manifestación y Conferencia de prensa: Se aplica atropelladamente el Código Penal a manifestantes en Santa Isabel

Las 6 personas arrestadas por alegadas violaciones al artículo 208 (a) del Código Penal (conocido como Ley del Chuchin o Ley Titio Kayak) en las inmediaciones de un proyecto industrial de molinos de viento sobre los terrenos agrícolas más valiosos de Puerto Rico en el municipio de Santa Isabel harán importantes declaraciones que cambiarán por completo el curso del caso que lleva la fiscalía de Ponce en su contra.

Los arrestados en Santa Isabel son los primeros en Puerto Rico en ser procesados por el artículo 208 (a). El caso le ha servido al gobierno de ensayo para la implementación de las nuevas enmiendas al Código Penal que únicamente buscan frenar las manifestaciones y el derecho constitucional a la libre expresión del Pueblo. El grupo de arrestados incluye un profesor universitario, agrónomos y estudiantes.

Además de ser acompañados por prominentes abogados del área sur, estará presente durante la conferencia de prensa el ex prisionero político Rafael Cancel Miranda, así como miembros de organizaciones comunitarias, sociales y políticas que apoyan los reclamos de los arrestados. De ser encontrados culpables en la etapa del juicio, los arrestados se exponen a una pena máxima de 3 años de cárcel, mas el pago de las pérdidas económicas que alegue la empresa Pattern Energy causó su manifestación.

FECHA: viernes, 10 de agosto de 2012

LUGAR: Frente a la entrada principal del Centro Judicial de Ponce
HORA: 9:00AM