Rechazan Proceso Judicial Injusto

Foto de Amy Hernández, Frente al Tribunal de Ponce

Las 6 personas arrestadas el 15 de diciembre de 2011, en la Reserva Agrícola de Santa Isabel, por defender la soberanía alimentaria de Puerto Rico, han decidido renunciar al proceso de Vista Preliminar (VP) por considerarlo un proceso que se ha llevado de una forma amañada y pro forma. La decisión tomada la expresarán en la vista señalada para el viernes 10 de agosto a las 10:00 am. “El mismo tribunal ha violentado nuestro derecho de tener una justa Vista Preliminar, cuando el juez que preside la vista, Javier Varela Rivera sirvió de asesor de Figueroa Sancha cuando era superintendente de la Policía y es el propio Figueroa Sancha quién provee los servicios de seguridad a Pattern Energy. Aquí hay un evidente conflicto de interés que hubiera llevado a cualquier persona imparcial a inhibirse del proceso. Ahora queremos que sea el pueblo quien juzgue si defender pacíficamente los terrenos agrícolas y la capacidad de producir nuestra comida es un delito criminal. Le retiramos la confianza al proceso judicial que junto al gobierno de Luis Fortuño y Rivera Shatz quieren callar las voces de quienes protestamos por el bien común”, declaró el Dr. Robinson Rodríguez Pérez, profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez e imputado.

“Una y otra vez hemos presenciado la farsa de los procesos judiciales que sólo han sido pro forma. Al encontrar causa probable durante la Regla 6 en Alzada, la Juez Gladys González (quien a su vez fue directora ejecutiva de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado bajo Rivera Schatz) revocó la decisión anterior de la Juez Zoraida Lamboy quien reconoció el derecho a manifestarse como un derecho constitucional” señaló el agrónomo y estudiante graduado de la UPR, Raúl Mari Fernández. “Cuando la juez González encontró ‘causa probable’, esto nos dejó ver la evidente doble vara del sistema judicial, que ignora la justicia por favorecer los intereses económicos de pocas personas. También sentó las bases de la criminalización de la protesta, rechazando completamente el derecho de la libertad de expresión que salvaguarda la constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos,” añadió Mari Fernández.

“La Vista Preliminar ha sido el foro donde más hemos presenciado la corrupción del proceso. El Juez Varela ha mostrado que la decisión está tomada de antemano por varias acciones. Se refirió a los arrestados como delincuentes y acusados, al comienzo de este proceso, cuando aún estamos en vista preliminar y todavía no estamos acusados de ningún delito. El juez no es imparcial ni objetivo. En varias ocasiones ha resuelto planteamientos de derecho de manera viciada. Por ejemplo, la defensa solicitó la inhibición del juez por falta de imparcialidad y la ley estipula que sea otro juez quien canalice esta moción, pero el mismo Juez Varela resolvió ‘no a lugar’ ignorando los debidos procesos de ley” enfatizó Luis Omar García, otro de los imputados.

Varela, además, falló en contra de los planteamientos de la defensa quienes demostraron la inconstitucionalidad del artículo 208 (a), pues la amplitud del 208 (a) hasta criminaliza las huelgas obreras que paralicen un proyecto de construcción, como una huelga portuaria, por ejemplo. Con esta acción Varela pretende validar las pretensiones del gobierno de Luis Fortuño y Rivera Schatz de ejercer poder ilimitado al no establecer límites a la capacidad del estado de regular el espacio, lugar o la manera de ejercer el derecho a la libre expresión. “Evidentemente, nos han quitado la parte de libertad en el derecho de la libertad de expresión, porque el gobierno decide de forma totalitaria cuándo, dónde y cómo podemos manifestar nuestros reclamos”, reclamó Edwin Velázquez González estudiante de agricultura de la UPRM.

Van ocho meses del proceso, que la imputada y los imputados denominan de injusto y corrupto. “Nos sentimos en la obligación de responder y protestar ante este sistema judicial saturado de politiquería. Ya no lo reconocemos como justo y democrático. Ahora más que nunca entendemos que la enmienda 208 (a) y el nuevo código penal sólo protegen los intereses de pocas personas, entregándole al sector privado adinerado los recursos del pueblo. Por eso el gobierno de turno necesita criminalizar a quienes pensamos diferente y defendemos nuestro derecho a reclamar. Es un intento de intimidar a la gente y de adelantar la agenda y los bolsillos de los grandes intereses” continuó el Dr. Rodríguez Pérez.

La pena fija por violaciones al artículo 208(a) es de 6 meses a 3 años de cárcel. La arrestada y los arrestados nos reafirmamos en que defender la Ley 242 del 2008 que designa los terrenos agrícolas de Santa Isabel como parte de la Reserva Agrícola de la Costa Sur de Puerto Rico, proteger las tierras de mayor valor agrícola que son propiedad del pueblo, defender la soberanía alimentaria y el ejercer el derecho a protestar pacíficamente no constituye delito. Todo lo contrario, es un elemento fundamental de toda sociedad democrática. Javier Smith, estudiante de economía de la UPRM y uno de los arrestados manifestó de forma reflexiva que “ahora entendemos que la 208 (a) es sólo el inicio. Pues las enmiendas al Código Penal también violentan y criminalizan la defensa de nuestros trabajos, de nuestra educación, de la destrucción ambiental, en fin de nuestro derecho a disentir, a no estar de acuerdo, a cuestionar al gobierno cuando este no actúa en beneficio del pueblo. Desde el 1 de septiembre, serán criminales quienes protesten y luchen por visibilizar la opresión que vive el 99%. Exhortamos a que así como no vamos a reconocer este proceso injusto en que nos encontramos, todo el que lucha tampoco debe reconocer las enmiendas al código penal. No somos criminales, criminales son los funcionarios públicos que corrompen el sistema” concluyó Smith.

“No podemos seguir permitiendo que nos callen y logren criminalizar la protesta cuando los cambios sociales se han logrado precisamente luchando en la calle, reclamando, exigiendo y participando de la toma de decisiones. Por eso, rechazamos el proceso judicial a puerta cerrada, sólo reconoceremos los espacios donde pese más la voz del pueblo. Hoy le negamos la supremacía al sistema judicial y al gobierno de turno para pedirle al pueblo de Puerto Rico que sea él el que juzgue por sí mismo si defender nuestras tierras, nuestra agricultura, nuestras playas, nuestros derechos y exigir una sociedad más justa es un acto criminal.” Concluyó la estudiante graduada Rosemarie Vásquez Cruz, también imputada del caso.
La lectura de acusación será el 17 de agosto. El juicio en su fondo comenzará el 5 de agosto.

Manifestación y Conferencia de prensa: Se aplica atropelladamente el Código Penal a manifestantes en Santa Isabel

Las 6 personas arrestadas por alegadas violaciones al artículo 208 (a) del Código Penal (conocido como Ley del Chuchin o Ley Titio Kayak) en las inmediaciones de un proyecto industrial de molinos de viento sobre los terrenos agrícolas más valiosos de Puerto Rico en el municipio de Santa Isabel harán importantes declaraciones que cambiarán por completo el curso del caso que lleva la fiscalía de Ponce en su contra.

Los arrestados en Santa Isabel son los primeros en Puerto Rico en ser procesados por el artículo 208 (a). El caso le ha servido al gobierno de ensayo para la implementación de las nuevas enmiendas al Código Penal que únicamente buscan frenar las manifestaciones y el derecho constitucional a la libre expresión del Pueblo. El grupo de arrestados incluye un profesor universitario, agrónomos y estudiantes.

Además de ser acompañados por prominentes abogados del área sur, estará presente durante la conferencia de prensa el ex prisionero político Rafael Cancel Miranda, así como miembros de organizaciones comunitarias, sociales y políticas que apoyan los reclamos de los arrestados. De ser encontrados culpables en la etapa del juicio, los arrestados se exponen a una pena máxima de 3 años de cárcel, mas el pago de las pérdidas económicas que alegue la empresa Pattern Energy causó su manifestación.

FECHA: viernes, 10 de agosto de 2012

LUGAR: Frente a la entrada principal del Centro Judicial de Ponce
HORA: 9:00AM

Fortuño firma proyecto que despoja a la UPR de 50 cuerdas de alto valor agrícola

 

La ley ordena a la institución a ceder de forma gratuita terrenos certificados por las autoridades federales como una de las pocas fincas orgánicas en Puerto Rico

Cynthia López Cabán / cynthia.lopez@gfrmedia.com

fuente: El Nuevo Día

 

El gobernador Luis Fortuño convirtió en ley un proyecto que despoja a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de 50 cuerdas de terrenos de la Estación Experimental Agrícola en Gurabo, pese a que la comunidad y las autoridades universitarias objetaban esta transacción.

Así lo confirmó a este medio el agrónomo Modesto Meléndez Mangual, uno de los portavoces de la coalición que se formó el año pasado para defender los terrenos de la Estación Experimental, luego que el alcalde de Gurado, Victor Ortiz, anunció su intención de conseguir mediante permuta estas tierras.

En ese momento, Ortiz indicó que planeaba construir en el lugar una escuela, un residencial público, un hospital, un colegio de enfermería y un proyecto de vivienda de interés social.

“Me lo confirmaron en la Oficina del Asesor Legislativo del Gobernador”, explicó Meléndez Mangual.

La Resolución Conjunta del Senado 1053, de la autoría de Luz M. Santiago y José Díaz Hernández, ordena a la UPR“a segregar y transferir, gratuitamente, al Municipio de Gurabo, la titularidad de un lote de terreno de 50 cuerdas, de la Estación Experimental Agrícola de Gurabo”.

Con esta acción, ahora en el lugar donde se encuentra una de las pocas fincas certificados como orgánicas por las autoridades federales, el alcalde Ortiz podrá realizar proyectos “para propósitos de salud, recreación, educación, vivienda y cualquier otro propósito que sirva para adelantar estos fines”, según reza la medida.

La aprobación del proyecto ocurre a tres días de que venciera el plazo para firmarlo o automáticamente recibía un veto de bolsillo y a pesar de que el presidente de la Junta de Síndicos, Luis Berríos, y el presidente de la UPR, Miguel Muñoz, con un doctorado en agronomía, cursaron una carta a Fortuño para que no firmara la medida.

Ocurre también en momentos en que Berríos informó a los síndicos que negociaba otras alternativas para evitar este despojo forzoso de tierras, según una fuente universitaria.

El año pasado, el alcalde Ortiz y la senadora Santiago impulsaron sin éxito una medida que obligaba a la UPR a permutar 100 cuerdas de terrenos valiosos para la investigación agrícola por otras 62.7 cuerdas de terrenos inundables y de valor inferior en Gurabo.

Pero en esta ocasión la permuta se presentó con otro estilo.

Fortuño firmó la Resolución Conjunta del Senado 1054, de la autoría de Santiago y de Díaz Hernández, que“ordena a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico a transferir, libre de costo, a la Estación Experimental Agrícola de Gurabo del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, la titularidad 100 cuerdas, ubicadas en los terrenos de la antigua Central Roig en el Municipio de Yabucoa”.

Ese intercambio de terrenos, sin embargo, no compensa la pérdida de terrenos de Gurabo explicó la fuente universitaria porque se desconoce el estado de las tierras de Yabucoa. Agregó que no existe tasación de estos terrenos y observó que las tierras que se dedicaban a la caña “están agotados en productividad”.

Otra fuente aseguró que esta transacción se discutirá en la próxima reunión de la Junta de Síndicos, que se celebrará este sábado.

El año pasado, en medio del debate por la permuta, la expresidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, aseguró a El Nuevo Día que de aprobarse la medida la impugnaría en los tribunales porque usurpaba las facultades del cuerpo directivo que presidía y porque ponía en riesgo el proyecto investigativo de la institución.

¡Continuemos con la campaña por nuestra Estación Experimental de Gurabo!

Foto fuente: El Nuevo Día

Continuemos la campaña de llamadas y firmas electrónicas por la Estación Experimental de Gurabo.

Llamemos a Fortaleza y dejemos sentir nuestra oposición a la RCS 1053 y 1054. Las medidas llegaron el pasado jueves 12 de julio a Fortaleza; el gobernador tiene a partir de esa fecha 30 días para firmarla y darle un golpe más a la agricultura y la Universidad o vetarlas y al menos entender que sin agricultura e investigación no hay comida. ¡Exijamos el veto! ¡A llamar!
(787) 721-7000
También hay que seguir con las firmas electrónicas. Cuando firmes deja algún comentario para que le llegue directo al secretario del Gobernador.

Todos a La Fortaleza: Manifestación para proteger y conservar la Estación Experimental Agrícola de Gurabo del RUM-UPR

Organiza un grupo, asiste, y manifiéstate a favor de la Seguridad Alimentaria de nuestro País este próximo miércoles 11 de julio de 2012 a las 11:00 am frente a La Fortaleza.
Para acceder al Comunicado de Prensa de CODERA (Coalición en Defensa de las Estaciones Experimentales y Reservas Agrícolas) acceda a este enlace: http://es.scribd.com/doc/99603540/Comunicado-CODERA-Manifestacion-frente-a-La-Fortaleza
Para información y coordinar esfuerzos:
Leonel Ortiz

Administración UPR le expresa al gobernador oposición a RCS 1053 y 1054

Estación Experimental Agrícola de Gurabo

El Presidente de la Universidad de Puerto Rico y el Presidente de la Junta de Síndicos le escriben conjuntamente una carta al gobernador Fortuño oponiéndose a las Resoluciones Cojuntas del Senado 1053 y 1054 aprobadas la semana pasada por ambas cámaras legislativas. La RCS 1053 le ordenan a la Universidad a transferir 50 cuerdas de terreno de la Estación Experimental Agrícola de Gurabo del Recinto Universitario de Mayaguez al municipio de Gurabo para realizar obras de construcción. Mientras que la RCS 1054 le transfiere 100 cuerdas de terreno a la Estación Experimental en el municipio de Yabucoa.

En la carta se explicitan las razones para oponerse a ambas resoluciones.

Acceda a la Carta a través de este enlace: http://es.scribd.com/doc/99010189/Carta-al-Gobernador-del-Presidente-UPR-y-Presidente-Junta-de-Sindicos-EN-CONTRA-de-Permuta-de-Gurabo

Condenan Resolución Conjunta del Senado 1053

Frente de Rescate Agrícola Condena Resolución Conjunta del Senado 1053

            En momentos en que los países del mundo se mueven en dirección a tomar una posición sólida en cuanto a la producción de alimentos para enfrentar la crisis alimentaria, la rama legislativa de Puerto Rico continua lacerando mortalmente la seguridad alimentaria de nuestro Pueblo. Durante el día 23 y 24 de junio se aprobó de forma apresurada e irresponsable la Resolución Conjunta del Senado 1053 en la cual ordenan a la Universidad de Puerto Rico “a segregar y transferir, gratuitamente, al municipio de Gurabo, la titularidad de un lote de terreno de cincuenta (50) cuerdas, de la Estación Experimental Agrícola de Gurabo”. La medida solo espera por la firma del gobernador.

“Estamos en contra de la Resolución porque atenta contra la investigación agrícola y los proyectos de investigación. Las 50 cuerdas que la medida arrebata a la Estación Experimental de la UPR son PRIME LAND, tienen un valor agrícola tremendo”, manifestó el Director de la Estación Experimental de Gurabo, el agrónomo Manuel Díaz. “En estas tierras se desarrolla ganado de leche para las principales industrias lecheras, se encuentra la finca orgánica, y ahí queremos establecer el Instituto Nacional de Huerto Casero para el beneficio de toda la comunidad. Nos pretenden dar a cambio 100 cuerdas en la Central Roig en Yabucoa, pero todo el mundo sabe que son terrenos inundables y actualmente ya son utilizados por agricultores” añadió Díaz.

“Juegan con el patrimonio agrícola a espaldas del pueblo de forma expedita. La comunidad universitaria como el resto del pueblo condenamos y no permitiremos bajo ninguna circunstancia esta afrenta del gobierno de turno”, expresó Edwin Velázquez, estudiante de Ciencias Agrícolas y portavoz del FRA. “El pueblo pasará factura en las elecciones sobre todos aquellos candidatos que literalmente atentaron contra las habichuelas de los puertorriqueños. Señalamos al gobernador Luis Fortuño, a la rama legislativa, al Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras responsables, por este y otros proyectos, de condenar al pueblo a la inseguridad de un plato de comida”, expresó también el estudiante de la UPR Recinto de Mayagüez. Según datos de los últimos censos agrícolas, Puerto Rico perdió cerca del 20% de sus tierras agrícolas  en el periodo del 2002 al 2005.

Para el colectivo es imperdonable que mientras se habla de energía renovable y de tener un país sustentable, no se trabaje con el aspecto de sustentabilidad alimentaria. “En los pasados años la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha exhortado a los países del mundo a proteger sus terrenos agrícolas, y de la misma forma el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha establecido como una de las cinco prioridades de dicha nación el promover la agricultura y brindarle seguridad alimentaria a su país”, indicó el agrónomo Warys Zayas y portavoz del Frente.

“El panorama mundial impone grandes retos a los países del mundo en medio de una crisis alimentaria mundial. Los precios de alimentos han alcanzado picos históricos en los últimos 2 años. Tan reciente como en abril, el Banco Mundial reportó un aumento de 8% de los precios de los alimentos. La crisis alimentaria mundial  está causando hambre y estragos en el planeta. Tan solo en la región Sahel en África alrededor de 17 millones de personas están sufriendo de hambruna a causa de la crisis alimentaria desencadenada por los altos precios de los alimentos y el cambio climático, según informa el Banco Mundial. Este panorama pone en especial peligro a Puerto Rico de sufrir de los estragos de la crisis alimentaria si no actuamos y defendemos las tierras agrícolas que quedan y potenciamos la agricultura local. La posibilidad de sufrir hambre en Puerto Rico es real y más probable de lo que todos creemos cuando dependemos de más de un 85% de importaciones del extranjero para nuestro sustento alimentario. No estamos en posición de perder ni una cuerda más de terreno agrícola. Cada espacio protegido para la agricultura representa la seguridad de un plato de comida para nuestro pueblo y las futuras generaciones”, destacó el Agrónomo Ian Pagán Roig.

El grupo exhortó a que las personas que defiendan la importancia de la agricultura del País y llamen a la Fortaleza al 787-721-7000  y se comuniquen vía email con la Oficina del Asesor Legislativo del gobernador (pmesa@fortaleza.pr.gov) y dejen un mensaje oponiéndose a la RC del Senado 1053 que aprueba la transferencia de Terrenos de la Estación Experimental en Gurabo y declarando que si la firma, esa acción se tomará en consideración durante las elecciones de noviembre.

El FRA exhortó, además, a firmar una petición al gobernador para que vete la Resolución Conjunta del Senado 1053. La petición está en la siguiente página:

http://www.change.org/es/peticiones/gobernador-de-puerto-rico-veto-de-la-rcs-1053-no-al-traspaso-de-terrenos-agr%C3%ADcolas

FRA reacciona ante atropellado proceso judicial

Comunicado de Prensa

Varias organizaciones políticas y comunitarias denunciaron en la tarde de hoy miércoles lo que consideran ha sido un proceso judicial injusto y atropellado por parte del juez Javier Varela Rivera del Centro Judicial de Ponce contra las 6 personas arrestadas el pasado 15 de diciembre en el Valle de Santa Isabel, donde la empresa Pattern Energy instala 44 molinos de viento.

Entre las denuncias expresadas, plantearon que el juez Varela Rivera violentó el derecho de los imputados a un proceso judicial rápido. Como cuestión de hecho, la vista preliminar en su fondo comenzó el pasado 31 de mayo, 110 días después de concluida la vista de causa. Las reglas de procedimiento criminal establecen que la vista preliminar tiene que verse en un término no mayor de 60 días.

Además de no garantizar el derecho a un proceso judicial rápido, el juez Varela Rivera adjudicó la culpabilidad de las personas imputadas. Mientras se discutía una resolución sobre el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 208A por parte de la defensa, el juez Varela Rivera planteó que las personas arrestadas habían cometido un delito, denominándolos como “acusados”. Ante estos hechos, la defensa peticionó al juez su inhibición. El juez abandonó la sala sin oír los argumentos de la defensa.

Por otra parte, el juez Varela Rivera ha protagonizado una serie de incidentes con la defensa durante los 3 días de vista preliminar que hicieron a ésta cuestionar si el procedimiento que se celebra es uno justo e imparcial. Entre los incidentes se incluyen exabruptos de parte del juez Varela Rivera como amenazas de desacato a miembros de la defensa, incluyendo por segunda vez una advertencia de desacato sumario al licenciado Martín González Vázquez con pena de 90 días de cárcel. Además se han dado expulsiones arbitrarias del tribunal a miembros del público que han asistido a presenciar los procesos.

Otro incidente, esta vez en las afueras del tribunal, fue protagonizado por un guardia de la Policía Municipal de Ponce que atravesó con su vehículo oficial una manifestación en solidaridad con los imputados, que se celebra antes de cada vista frente al Centro Judicial. El oficial, de apellido Pagán y número de placa 322, irrumpió de imprevisto con su vehículo por entre la manifestación, llegando al punto de casi arrollar a tres manifestantes. La tablilla del vehículo oficial es MU-9360.

Como dato relevante, en las vistas que se han celebrado hasta el momento se ha confirmado la presencia en sala de abogados del bufete corporativo McConnell y Valdés, al cual perteneció el gobernador Luis Fortuño, y que asesora a la compañía Pattern Energy que construye los molinos de viento en Santa Isabel.

Por último, según información de la nómina de La Fortaleza, el juez Varela Rivera fue asesor del gobernador Fortuño en asuntos de seguridad pública con un salario de alrededor de $10, 000 mensuales. Luego de esto, pasó a trabajar con el ex Superintendente de la Policía José Figueroa Sancha. Fue nombrado por el gobernador Fortuño como juez de primera instancia en mayo 2010.

Warys Zayas
787-423-0229

Ian Pagán
787-666-0625

Boletín digital del Frente de Rescate Agrícola

El Frente de Rescate Agrícola ha elaborado un Boletín Informativo para continuar la difusión masiva y educación ciudadana en relación a la seguridad alimentaria, la pérdida acelerada de terrenos agrícolas y los efectos adversos de la construcción e instalación del parque industrial de 44 molinos de viento en el municipio de Santa Isabel.

Exhortamos a darle la mayor difusión pública al Boletín.

Para acceder al Boletín oprime aquí.

Comunicado de Prensa: FRA reacciona ante tercera suspensión de Vista Preliminar

Base de un molino de viento en Finca de Tomates Gargiulo, Santa Isabel, PR

Ayer, jueves 31 de mayo, en el Tribunal de Ponce, se suspendió nuevamente la vista preliminar del caso de los seis manifestantes arrestados por defender, pacíficamente, la Reserva Agrícola del Valle de Santa Isabel de la construcción de un parque eólico que impactará irreversiblemente la capacidad de producción agrícola. Según las y los expertos estos son de los mejores terrenos agrícolas del País ya que poseen las mejores características físicas, químicas y biológicas para la producción de alimentos. Se trata de no sólo los suelos más fértiles de Puerto Rico, si no de un municipio que aporta $65 millones al Ingreso Bruto Agrícola del país. En este valle, actualmente, es donde se cosechan la mayoría de los vegetales en Puerto Rico. Además se producen frutas para la exportación, forrajes y ornamentales, entre otros cultivos. Los arrestos se producen en el contexto de la nueva enmienda al Código Penal, el artículo 208 (a), que coarta el derecho constitucional a la libre expresión de los y las ciudadanas.

En la vista de ayer, que comenzó 25 minutos tarde debido a la ausencia del fiscal Ángel García, la fiscalía presentó una excusa médica del primer testigo por el cual solicitó al Juez Javier Varela Rivera que excusará su comparecencia y pospusiera la vista. A esta petición de fiscalía, el Juez inmediatamente declaró a lugar. A pesar de que la defensa argumentó que estaba lista para ver el caso y que era cuestionable la ausencia al revisar la excusa médica y la condición de la cual padecía el testigo. El Juez no quiso discutir el asunto y determinó señalar nuevamente la vista. La defensa, además, impugnó el hecho de que tres de los siete testigos de fiscalía también se ausentaron al Tribunal sin excusa alguna. Este asunto, fue completamente ignorado por el Juez, quién ya ha sido poco severo en varias ocasiones con la falta de puntualidad y de comparecencia tanto del fiscal como de sus testigos.

El Licenciado Miguel Castro, uno de los abogados de la defensa, explicó lo sucedido en corte. “Para el día de ayer se había pautado el comienzo de la vista preliminar en la sala 402 del Honorable Juez Javier Varela Rivera. Habiéndose iniciado la referida vista varios compañeros abogados se dirigieron al tribunal levantando planteamientos de derecho. Cuando este servidor se disponía a hacer lo propio, habiendo expresado al Juez y al record su nombre, el Honorable Juez de manera brusca se levantó y salió de sala. Tiró la puerta dejando a este servidor expresándose sólo para el record. Dicha acción constituye una falta de respeto no sólo a mi persona, sino a la figura del Tribunal, a los testigos citados por el Ministerio Público, al propio Ministerio Público, a las familias de los imputados y al pueblo que se dio cita para conocer cual iba a ser el resultado del proceso. Esto fue una acción lamentable y a nuestro sano juicio, irracional y desacertada del Honorable Juez Varela Rivera. Este no es solamente el sentir de mi persona sino el de todas la personas con las que pude dialogar.”

El disgustó de las personas en sala se dejó sentir inmediatamente después de la cancelación de la vista. Salieron de la sala a cantar consignas como: “Defiende tu libertad de expresar lo que sientes, fuego al gobierno, el poder es de la gente.” Por respeto a los otros casos en proceso salieron del Tribunal para seguir manifestándose en protesta a las acciones del Juez y en defensa de la libertad de expresión de las y los puertorriqueños. “El artículo 208 (a) pone en juego el poder expresarnos sobre la fragmentación y la alteración de los suelos fértiles que consideramos un crimen al patrimonio agrícola y otros asuntos de trascendental importancia como lo es la comida,” señaló Edwin Velásquez miembro del FRA.

El FRA convoca y solicita el apoyo de la ciudadanía en la próxima vista a celebrarse el martes 5 de junio de 2012. Exhortamos a que se den cita desde las 12:00pm para la manifestación que se llevará a cabo frente al Tribunal de Ponce. Estaremos piqueteando en repudiamos al carácter represivo del artículo 208 (a) que coarta y criminaliza la libertad de expresión así como en defensa de las tierras agrícolas. La pérdida de terrenos agrícolas nos imposibilita que el país logré en un futuro algún nivel de sostenibilidad. El proyecto Finca de Viento de Santa Isabel, es uno de varios proyectos propuestos por la presente administración, que atentan de forma irreversible contra los pocos valles agrícolas que quedan en Puerto Rico. En vez de disminuir nuestra capacidad de producir comida, para el beneficio económico de pocas personas, exigimos que las tierras agrícolas sean utilizadas exclusivamente para cosechar más alimento para Puerto Rico” declaró Rosemarie Vásquez Cruz miembro del FRA.