Rechazan Proceso Judicial Injusto


Foto de Amy Hernández, Frente al Tribunal de Ponce

Las 6 personas arrestadas el 15 de diciembre de 2011, en la Reserva Agrícola de Santa Isabel, por defender la soberanía alimentaria de Puerto Rico, han decidido renunciar al proceso de Vista Preliminar (VP) por considerarlo un proceso que se ha llevado de una forma amañada y pro forma. La decisión tomada la expresarán en la vista señalada para el viernes 10 de agosto a las 10:00 am. “El mismo tribunal ha violentado nuestro derecho de tener una justa Vista Preliminar, cuando el juez que preside la vista, Javier Varela Rivera sirvió de asesor de Figueroa Sancha cuando era superintendente de la Policía y es el propio Figueroa Sancha quién provee los servicios de seguridad a Pattern Energy. Aquí hay un evidente conflicto de interés que hubiera llevado a cualquier persona imparcial a inhibirse del proceso. Ahora queremos que sea el pueblo quien juzgue si defender pacíficamente los terrenos agrícolas y la capacidad de producir nuestra comida es un delito criminal. Le retiramos la confianza al proceso judicial que junto al gobierno de Luis Fortuño y Rivera Shatz quieren callar las voces de quienes protestamos por el bien común”, declaró el Dr. Robinson Rodríguez Pérez, profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez e imputado.

“Una y otra vez hemos presenciado la farsa de los procesos judiciales que sólo han sido pro forma. Al encontrar causa probable durante la Regla 6 en Alzada, la Juez Gladys González (quien a su vez fue directora ejecutiva de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado bajo Rivera Schatz) revocó la decisión anterior de la Juez Zoraida Lamboy quien reconoció el derecho a manifestarse como un derecho constitucional” señaló el agrónomo y estudiante graduado de la UPR, Raúl Mari Fernández. “Cuando la juez González encontró ‘causa probable’, esto nos dejó ver la evidente doble vara del sistema judicial, que ignora la justicia por favorecer los intereses económicos de pocas personas. También sentó las bases de la criminalización de la protesta, rechazando completamente el derecho de la libertad de expresión que salvaguarda la constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos,” añadió Mari Fernández.

“La Vista Preliminar ha sido el foro donde más hemos presenciado la corrupción del proceso. El Juez Varela ha mostrado que la decisión está tomada de antemano por varias acciones. Se refirió a los arrestados como delincuentes y acusados, al comienzo de este proceso, cuando aún estamos en vista preliminar y todavía no estamos acusados de ningún delito. El juez no es imparcial ni objetivo. En varias ocasiones ha resuelto planteamientos de derecho de manera viciada. Por ejemplo, la defensa solicitó la inhibición del juez por falta de imparcialidad y la ley estipula que sea otro juez quien canalice esta moción, pero el mismo Juez Varela resolvió ‘no a lugar’ ignorando los debidos procesos de ley” enfatizó Luis Omar García, otro de los imputados.

Varela, además, falló en contra de los planteamientos de la defensa quienes demostraron la inconstitucionalidad del artículo 208 (a), pues la amplitud del 208 (a) hasta criminaliza las huelgas obreras que paralicen un proyecto de construcción, como una huelga portuaria, por ejemplo. Con esta acción Varela pretende validar las pretensiones del gobierno de Luis Fortuño y Rivera Schatz de ejercer poder ilimitado al no establecer límites a la capacidad del estado de regular el espacio, lugar o la manera de ejercer el derecho a la libre expresión. “Evidentemente, nos han quitado la parte de libertad en el derecho de la libertad de expresión, porque el gobierno decide de forma totalitaria cuándo, dónde y cómo podemos manifestar nuestros reclamos”, reclamó Edwin Velázquez González estudiante de agricultura de la UPRM.

Van ocho meses del proceso, que la imputada y los imputados denominan de injusto y corrupto. “Nos sentimos en la obligación de responder y protestar ante este sistema judicial saturado de politiquería. Ya no lo reconocemos como justo y democrático. Ahora más que nunca entendemos que la enmienda 208 (a) y el nuevo código penal sólo protegen los intereses de pocas personas, entregándole al sector privado adinerado los recursos del pueblo. Por eso el gobierno de turno necesita criminalizar a quienes pensamos diferente y defendemos nuestro derecho a reclamar. Es un intento de intimidar a la gente y de adelantar la agenda y los bolsillos de los grandes intereses” continuó el Dr. Rodríguez Pérez.

La pena fija por violaciones al artículo 208(a) es de 6 meses a 3 años de cárcel. La arrestada y los arrestados nos reafirmamos en que defender la Ley 242 del 2008 que designa los terrenos agrícolas de Santa Isabel como parte de la Reserva Agrícola de la Costa Sur de Puerto Rico, proteger las tierras de mayor valor agrícola que son propiedad del pueblo, defender la soberanía alimentaria y el ejercer el derecho a protestar pacíficamente no constituye delito. Todo lo contrario, es un elemento fundamental de toda sociedad democrática. Javier Smith, estudiante de economía de la UPRM y uno de los arrestados manifestó de forma reflexiva que “ahora entendemos que la 208 (a) es sólo el inicio. Pues las enmiendas al Código Penal también violentan y criminalizan la defensa de nuestros trabajos, de nuestra educación, de la destrucción ambiental, en fin de nuestro derecho a disentir, a no estar de acuerdo, a cuestionar al gobierno cuando este no actúa en beneficio del pueblo. Desde el 1 de septiembre, serán criminales quienes protesten y luchen por visibilizar la opresión que vive el 99%. Exhortamos a que así como no vamos a reconocer este proceso injusto en que nos encontramos, todo el que lucha tampoco debe reconocer las enmiendas al código penal. No somos criminales, criminales son los funcionarios públicos que corrompen el sistema” concluyó Smith.

“No podemos seguir permitiendo que nos callen y logren criminalizar la protesta cuando los cambios sociales se han logrado precisamente luchando en la calle, reclamando, exigiendo y participando de la toma de decisiones. Por eso, rechazamos el proceso judicial a puerta cerrada, sólo reconoceremos los espacios donde pese más la voz del pueblo. Hoy le negamos la supremacía al sistema judicial y al gobierno de turno para pedirle al pueblo de Puerto Rico que sea él el que juzgue por sí mismo si defender nuestras tierras, nuestra agricultura, nuestras playas, nuestros derechos y exigir una sociedad más justa es un acto criminal.” Concluyó la estudiante graduada Rosemarie Vásquez Cruz, también imputada del caso.
La lectura de acusación será el 17 de agosto. El juicio en su fondo comenzará el 5 de agosto.

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