FRA reacciona ante atropellado proceso judicial


Comunicado de Prensa

Varias organizaciones políticas y comunitarias denunciaron en la tarde de hoy miércoles lo que consideran ha sido un proceso judicial injusto y atropellado por parte del juez Javier Varela Rivera del Centro Judicial de Ponce contra las 6 personas arrestadas el pasado 15 de diciembre en el Valle de Santa Isabel, donde la empresa Pattern Energy instala 44 molinos de viento.

Entre las denuncias expresadas, plantearon que el juez Varela Rivera violentó el derecho de los imputados a un proceso judicial rápido. Como cuestión de hecho, la vista preliminar en su fondo comenzó el pasado 31 de mayo, 110 días después de concluida la vista de causa. Las reglas de procedimiento criminal establecen que la vista preliminar tiene que verse en un término no mayor de 60 días.

Además de no garantizar el derecho a un proceso judicial rápido, el juez Varela Rivera adjudicó la culpabilidad de las personas imputadas. Mientras se discutía una resolución sobre el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 208A por parte de la defensa, el juez Varela Rivera planteó que las personas arrestadas habían cometido un delito, denominándolos como “acusados”. Ante estos hechos, la defensa peticionó al juez su inhibición. El juez abandonó la sala sin oír los argumentos de la defensa.

Por otra parte, el juez Varela Rivera ha protagonizado una serie de incidentes con la defensa durante los 3 días de vista preliminar que hicieron a ésta cuestionar si el procedimiento que se celebra es uno justo e imparcial. Entre los incidentes se incluyen exabruptos de parte del juez Varela Rivera como amenazas de desacato a miembros de la defensa, incluyendo por segunda vez una advertencia de desacato sumario al licenciado Martín González Vázquez con pena de 90 días de cárcel. Además se han dado expulsiones arbitrarias del tribunal a miembros del público que han asistido a presenciar los procesos.

Otro incidente, esta vez en las afueras del tribunal, fue protagonizado por un guardia de la Policía Municipal de Ponce que atravesó con su vehículo oficial una manifestación en solidaridad con los imputados, que se celebra antes de cada vista frente al Centro Judicial. El oficial, de apellido Pagán y número de placa 322, irrumpió de imprevisto con su vehículo por entre la manifestación, llegando al punto de casi arrollar a tres manifestantes. La tablilla del vehículo oficial es MU-9360.

Como dato relevante, en las vistas que se han celebrado hasta el momento se ha confirmado la presencia en sala de abogados del bufete corporativo McConnell y Valdés, al cual perteneció el gobernador Luis Fortuño, y que asesora a la compañía Pattern Energy que construye los molinos de viento en Santa Isabel.

Por último, según información de la nómina de La Fortaleza, el juez Varela Rivera fue asesor del gobernador Fortuño en asuntos de seguridad pública con un salario de alrededor de $10, 000 mensuales. Luego de esto, pasó a trabajar con el ex Superintendente de la Policía José Figueroa Sancha. Fue nombrado por el gobernador Fortuño como juez de primera instancia en mayo 2010.

Warys Zayas
787-423-0229

Ian Pagán
787-666-0625

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