Convocatoria: Tod@s al Tribunal de Ponce en solidaridad con los seis compañeros arrestados


El FRA convoca a tod@s los puertorriqueñ@s a darse cita este próximo jueves, 31 de mayo de 2012, a la Vista Preliminar en el Tribunal de Ponce a las 12:00 PM en solidaridad con los compañeros arrestados por defender valientemente el patrimonio agrícola de Puerto Rico. Este día se combate también el derecho a la libertad de expresión de tod@s los Puertorriqueños violentado por la enmienda al Articulo 208 A del código penal. Véase la columna abajo publicada en el periódico El Nuevo Día sobre cómo este artículo del Código Penal infringe el derecho a la libertad de expresión y por tanto, resulta inconstitucional.

¡¡Lo menos que podemos hacer por el compromiso de los compañer@s arrestados es solidarizarnos y continuar la lucha por rescate de las tierras agrícolas!!

Pendiente a manifestaciones creativas del FRA durante la mañana del jueves…
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8 de mayo de 2012

http://www.elnuevodia.com/voz-expresionciudadana-1251991.html

EXPRESIÓN CIUDADANA
Amaris Torres Rivera
Abogada

La Asamblea Legislativa aprobó el artículo 208(a) del Código Penal que tipifica como delito grave de cuarto grado todo tipo de actuación ciudadana que interrumpa cualquier obra de construcción.

Es evidente que las recurrentes manifestaciones sociales en contra del gasoducto y su firme postura en impedir su construcción, motivaron la aprobación de esta medida.

La aplicación de esta ley fue efectuada por primera vez el 15 de diciembre de 2011, cuando la Policía arrestó a seis ciudadanos mientras se manifestaban pacíficamente, mediante consignas y piquetes, en una servidumbre colindante a la construcción de una zona industrial eólica en el Valle Agrícola de Santa Isabel.

Ese día, participaron de la manifestación alrededor de veinte ciudadanos, sin embargo, la Policía procedió a arrestar selectivamente a seis. Sin duda, estamos ante una ley ambigua e inconstitucional, pues su aplicación produce una implantación arbitraria y discriminatoria delegando en la Policía la determinación del alcance de dicha ley.

Su inconstitucionalidad resulta clara, pues su amplitud y vaguedad sobre el tipo de conducta a penalizarse abarca múltiples conductas protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión.

Actualmente, los ciudadanos arrestados, entre ellos agrónomos, estudiantes y un profesor de la UPR de Mayagüez, están siendo procesados y pudieran estar sujetos a una condena de cárcel de hasta tres años. Debemos preguntarnos, tomando en consideración la altísima incidencia criminal en nuestro País, ¿son estos manifestantes los verdaderos criminales que deben estar siendo arrestados y procesados? ¿Debemos criminalizar las manifestaciones pacíficas de ciudadanos que ejercitan su derecho a la libertad de expresión?

Cuando la participación ciudadana es suprimida en las agencias administrativas, cuando a los ciudadanos se les cierran puertas de acceso a la justicia, ¿qué otra alternativa tienen los puertorriqueños de expresarse sino en la calle? Esta ley, evidentemente, intenta infringir la libertad de expresión y participación ciudadana de aquellos que, sin más, acuden a la calle, a los foros públicos, para hacer valer la justicia que, por vías tradicionales, les fue negada.

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